El Brexit empieza a sacudir la política comunitaria

El embajador británico, Tim Barrow, entregó en Bruselas al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la carta de la primera ministra Theresa May en la que invoca el artículo 50 del Tratado, iniciando de este modo el proceso de negociación que llevará a la separación de Gran Bretaña de la UE. Se abre así un periodo de dos años de negociaciones y también de incertidumbres que afectan a empresas, gobiernos y ciudadanos. Muchos son los temas a hablar y a pactar: acuerdos comerciales, compromisos presupuestarios pendientes, acceso a los servicios financieros, al mercado único, aduanas... De momento, ambas partes han mostrado su disposición a cerrar cuanto antes el estatus que tendrán tanto los ciudadanos europeos que residen en Gran Bretaña como de los británicos en la UE. Pocas certidumbres más allá de la voluntad política expresada en ese ámbito.

El inicio del proceso de salida de Gran Bretaña ha dado centralidad a la cuestión nacional en la agenda política de la UE. Por un lado, la carta de la premier británica recoge expresamente las circunstancias especiales de Irlanda y la importancia de proteger el proceso de paz. En el mismo sentido se ha expresado el Gobierno irlandés, que aboga por mantener una frontera abierta y un área de circulación común entre el norte y el sur de la isla. Por otro, el Parlamento escocés aprobó anteayer la petición para la convocatoria de un nuevo referéndum de independencia que podría abrir la posibilidad de que Escocia continuara en la UE si se independizara antes de que finalice el Brexit. La diplomacia española –siempre atenta a las cuestiones nacionales– ha rechazado de plano tal posibilidad, recordando que Escocia no es miembro de la Unión y que habría que cambiar los tratados para que se incorporara; eso sí, después de que se ponga a la cola y negocie.

El Estado español sigue con los mismos argumentos que en Catalunya. Está por ver que el resto de socios comunitarios los vayan a aceptar llegado el momento.

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