Ayer tuvo lugar la habitual reunión de febrero del Consejo Vasco de Finanzas (CVF) para cerrar las cuentas del año recién finalizado. Los participantes se limitaron a constatar que un año más no se han cumplido la previsiones de recaudación. El resultado ha quedado lejos del cálculo inicial y de la revisión del pasado octubre, lo que obliga a las instituciones del tercio autonómico a ajustar nuevamente sus gastos, cuando no directamente a recortarlos.

Con una recaudación menguante es muy complicado sostener políticas públicas. Difícilmente se puede mantener el Estado de Bienestar cuando los recursos se estancan y mucho menos mejorarlo con una presión fiscal muy alejada de los estándares europeos. Consciente de ello, el consejero de Economía y Hacienda de Lakua, Pedro Azpiazu, sugirió la semana pasada la posibilidad de aumentar la carga impositiva modificando el Impuesto sobre Sociedades. A la previsible respuesta de la patronal se adelantó otro fiel defensor de los intereses de los empresarios, el diputado general de Gipuzkoa Markel Olano, que descartó tal posibilidad alegando que puede dañar el crecimiento económico. Como suele ser habitual, se habla de solidaridad y cohesión social hasta que llega la hora de la verdad; entonces las prioridades cambian y el beneficio privado y la acumulación de riqueza por parte de una minoría privilegiada aparecen como los objetivos políticos reales.

En este contexto, y tras constatar que además de Confebask algunos de sus compañeros de partido desechaban la posibilidad de modificar la política fiscal, Pedro Azpiazu enfrió la posibilidad de modificar los impuestos a corto plazo abogando por una reflexión más sosegada. De esta manera sepulta el debate fiscal mucho antes de que hubiera comenzado porque, en el fondo, todos ellos defienden el mismo modelo social neoliberal, aquel que aboga por reducir el Estado a su mínima expresión. Y dejan una nueva oportunidad perdida para impulsar una política fiscal más justa que permita construir un país más equitativo.