Como en toda guerra -y, si bien de baja intensidad, el Estado español ha entendido siempre el conflicto político vasco en términos de un enfrentamiento bélico-, el botín es parte de la liza. El vencedor es aquel que se queda con el patrimonio del adversario. El embargo, el comiso de bienes y patrimonio es parte sustancial de una estrategia de guerra. Es, entre otras cosas, prueba de la victoria. Y si social y políticamente en Euskal Herria es evidente que los independentistas de izquierda no solo no han sido derrotados, sino que tienen más potencial político que nunca, en Madrid deben simular esa victoria bélica como sea, siquiera de forma simbólica.

Sin restar gravedad a las condenas impuestas a los dirigentes de la izquierda abertzale en el macrosumario 35/02, esas penas eran funcionales y obligadas si se quería incautar el patrimonio que las bases de la izquierda abertzale han ido construyendo durante este periodo. Y ese se ha ido convirtiendo en el objetivo según se iban desinflando otros posibles objetivos más primarios, asociados a los orígenes políticos de este sumario. Frente a unas condenas exorbitadas que hubiesen supuesto un problema jurídico a medio plazo -para empezar, porque el proceso se ha dilatado durante doce años, algo insólito en el contexto europeo- y un problema político sostenido -en este contexto y en un escenario de no violencia insurgente, incluso para un Estado es costoso encarcelar sistemáticamente a los dirigentes políticos de la discrepancia o de las otras naciones-, el tribunal especial español ha optado por condenar lo suficiente para justificar el comiso y presentarlo ante su sociedad y, sobre todo, ante el lobby ultra que representan algunas asociaciones como un botín de guerra. Las argumentaciones de la sentencia son escandalosas, totalmente ideológicas, incoherentes y ajenas al mínimo rigor jurídico. En una palabra, son arbitrarias, uno de los conceptos más antijurídicos que existe. También son, no cabe duda, totalmente extemporáneas. El voto particular de la magistrada Clara Bayarri, que aboga por la absolución en base a criterios jurídicos fundamentados y lógicos, evidencia la endeblez de la sentencia condenatoria, instrumentalmente destinada a incautar las herriko tabernas.

En la sentencia sobre todo se hace evidente el fundamento político de este macrosumario: empezando por las tesis que llevaron al juez instructor, Baltasar Garzón, a realizar las detenciones allá por 2002 -el recurrente «todo el ETA»-, pasando por transmutación de policías investigadores en peritos de la acusación, hasta la gestión de los tiempos de los sucesivos gobiernos para utilizar esta causa general contra las direcciones políticas de la izquierda abertzale en base a sus intereses. La sentencia es, en gran medida, consecuencia de todos esos condicionantes.

Cierto alivio personal, gran enfado colectivo

En principio, si los tribunales españoles se atienen a su propia jurisprudencia, la mayoría de los condenados no deberán ingresar en prisión. A la espera de lo que determinen los tribunales superiores ante los recursos que las defensas ya han adelantado que presentarán, algunos de los encausados cuyas condenas conllevarían prisión ya han cumplido sus penas en calidad de presos preventivos. En demasiadas ocasiones la justicia española aplica a los vascos la doctrina conocida como «lo comido por lo servido», otra aberración jurídica. En el caso de otros no está claro qué puede ocurrir, siendo víctimas de una inseguridad jurídica totalmente inaceptable. En todo caso, en general el tribunal ha rebajado aún más las peticiones fiscales, que tuvieron que asumir que debido a la dilación indebida su propuesta inicial iba a ser tumbada posteriormente, y ha absuelto a más encausados de los que la acusación quería. Sin que sirva de excusa para semejante aberración jurídica, todo ello supone un leve pero importante alivio para todas esas familias que durante más de una década han visto cómo la vida de sus allegados se veía totalmente condicionada por la incierta perspectiva que tenía este juicio político.

En lo colectivo, sin embargo, la sentencia genera un enfado comprensible, porque supone un castigo colectivo contra miles de personas que de manera voluntaria y desinteresada han construido esos locales sociales. Es un ataque contra una forma de hacer política, de comprometerse socialmente con el entorno cercano, con los barrios y los pueblos. El comiso de las tabernas es un ataque también contra los cientos de empleados que trabajan allí, y tanto sindicatos como el sector de la hostelería deben responder contra estas medidas injustas y arbitrarias. A la espera de ver cómo se ejecuta la sentencia y los procesos que se abren ahora, la decisión de la Audiencia Nacional supone un duro ataque contra la convivencia en Euskal Herria, afecta a decenas de pueblos y barrios, a miles de personas directamente y a toda la ciudadanía indirectamente.

En clave de futuro, hay que recordar cómo se fundaron esas sociedades, esos locales, y recuperar la capacidad creativa, la iniciativa comercial y cultural, el dinamismo político y social que posibilitó establecer a nivel local proyectos abiertos a toda la sociedad en los que se mostraba un escorzo de lo que se proyectaba para el país. Esas capacidades deben recuperarse pero, probablemente, el resultado será distinto. Y tanto en la defensa de lo propio como en la creación de nuevos proyectos, se verá otra prueba de que no han vencido, de que su fortaleza es, en realidad, debilidad, y su relato, un cuento.