El rechazo por el Tribunal Constitucional español del recurso de Rafa Díez contra la sentencia del «caso Bateragune» es percibido en la sociedad vasca como la continuación de una gran injusticia que comenzó hace cinco años. Aun en el caso de que ese tribunal hubiera dejado sin efecto la condena de Díez, no habría evitado esa injusticia, pero al rechazar el recurso ha ahondado en ella, como lo hizo al rechazar los recursos de los otros cuatro encausados en el mismo sumario y que también permanecen en prisión.

Casi nadie pone en duda que la detención de Rafa Diez y sus cuatro compañeros fue un intento desesperado de detener un proceso democrático que, de momento ha cambiado el escenario político de este país e incluso del Estado, debido a la incapacidad y el miedo a  la confrontación democrática de proyectos. A sabiendas de que eran impulsores de la resolución “Zutik Euskal Herria”, fueron acusados de promover una estrategia «violenta», y las sentencias de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo –a pesar de que rebajó las condenas– y la confirmación del Constitucional han seguido el guión de ese ataque a dicho proceso. Un ataque zafio e inútil, pues la detención y encarcelamiento de los cinco militantes abertzales no solo no detuvo el proceso en ciernes, sino que lo aceleró. Y las decisiones de esos tribunales han resultado a cual más escandalosa, porque se han sucedido en un tiempo que ha ido demostrando lo que para la sociedad vasca era una evidencia desde el momento de las detenciones. Por eso, además del duro e injusto castigo a los hoy encarcelados, este caso ha supuesto un ataque a la voluntad y a las esperanzas de esta sociedad.

Muestra de ello es la presencia de agentes de todos los ámbitos y tendencias políticas de Euskal Herria en la rueda de prensa que hoy en Elgoibar denunciará un caso que pasará a la historia de los despropósitos judiciales y políticos, y anunciará una manifestación en apoyo a Rafa díez y sus cuatro compañeros.