El dato lanzado por EH Bildu de que son necesarios 40.000 empleos públicos más para alcanzar la media europea en este ámbito ha colocado en el debate político la cuestión de la contratación pública en la lucha contra el desempleo. Pero la cifra también refleja la distancia que nos separa de Europa en términos de Estado de Bienestar. El empleo público es un indicador, pero otros no son mejores; a las altas tasas de desempleo se añade la baja calidad de los servicios públicos, la reducida participación de las mujeres en la actividad económica y unos endebles indicadores de bienestar.

La derecha aborrece el empleo público y no ha querido entrar en ese debate; ha tratado de desacreditarlo para evitarlo, mientras otras opciones de izquierda han dado preferencia a las cuestiones lingüísticas sobre la creación de empleo público. Sin embargo, ayer la presidenta de la Cámara de Comptos de Nafarroa volvió a poner de actualidad la cuestión al hilo del informe que presentó al Parlamento, donde señaló directamente a la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Consideró que es muy restrictiva y valoró que ha afectado notablemente a la incorporación de empleados públicos a la Administración. La Ley cierra la posibilidad no ya de ampliar plantillas sino de cubrir vacantes al establecer unas tasas de reposición ridículas; interrumpe el relevo natural de las plantillas y aumenta la interinidad entre los empleados públicos, lo que conlleva incertidumbre y angustia. Con ella, además, las contrataciones temporales han alcanzado proporciones inaceptables.

El informe apunta certeramente a dicha ley orgánica, que muestra fehacientemente la falta de soberanía de nuestras instituciones en una actividad tan básica y elemental como determinar y organizar las plantillas de empleados públicos. El desarrollo del Estado de Bienestar y el empleo público no solo es una cuestión de voluntad política. Es, sobre todo, una cuestión de soberanía.