Ayer Catalunya mostró al mundo una V gigantesca. V de votación, de Vía Catalana, de victoria. Al mundo y, sobre todo, a los propios representantes políticos catalanes, a los que dijo claramente Ara és l´hora. El éxito de la impresionante movilización de ayer no es fruto de un día, por eso era previsible, ni mañana será un mero recuerdo, como no lo han sido las dos Diadas precedentes. El mensaje fue claro y contundente: la sociedad catalana quiere decidir y quiere hacerlo el próximo 9 de noviembre en las urnas. Ahora corresponde a esos representantes estar a la altura de su ciudadanía y atender su mandato.

Tras las crecientes amenazas de políticos y medios de comunicación españoles, e incluso algunas declaraciones desconcertantes por parte de ciertos cargos institucionales catalanes, ayer en Barcelona no se percibía precisamente señal de desánimo o de desmovilización alguna, sino todo lo contrario. Y es que si la Diada de hace dos años marcó un punto de inflexión en el proceso soberanista, obligando a las fuerzas políticas catalanas a decantarse, e hizo saltar las alarmas del unionismo español; y si la del año pasado fue clave para concretar la fecha y la pregunta de la consulta, la de este año debe ser decisiva para que el proceso culmine dentro de dos meses en las urnas. Es responsabilidad de las fuerzas políticas catalanas cumplir su compromiso en ese sentido. La sociedad ha cumplido, ha guiado el proceso y lo ha mantenido en línea ascendente, y sigue haciéndolo, con grandes dosis de innovación, disciplina e ilusión.

La actitud de Madrid y el unionismo español es tristemente conocida. El desprecio que vienen mostrando ante la exhibición de civismo y capacidad de organización de la sociedad catalana dice mucho, y no positivo precisamente, de ellos. Pretenden suplantar la voluntad popular por medio de la ley, una ley expresamente contraria a esa voluntad y por ello sin legitimación democrática. Pero se confunden de cabo a rabo si piensan que en el caso de que consiguieran vetar la consulta, quienes la demandan, la mayoría de la sociedad catalana, renunciarían a decidir sobre su futuro.