Las cárceles del Estado español tienen un 6% menos de población reclusa que hace un año. La cifra de personas privadas de libertad en diversos grados asciende a 61.526, una barbaridad que, sin embargo, se aleja de las 76.106 personas encarceladas hace apenas seis años. No es para saltar de alegría, ya que la relativa relajación de la política penitenciaria española no responde, para nada, a un cambio de paradigma sobre el sistema punitivo vigente, que sigue empleando a la ligera el encarcelamiento preventivo (7.760 personas viven tras los barrotes a la espera de juicio) y que sigue nutriendo las celdas de delincuentes menores: el grueso de la población reclusa está condenada por delitos contra el patrimonio o contra la salud pública, epígrafes genéricos entre los que se cuentan los relacionados con las drogas y con los hurtos. Sin embargo, nunca será una mala noticia que la población reclusa disminuya de forma considerable.

El repaso a la situación penitenciaria española tiene un capítulo aparte en lo que respecta a los presos y presas políticas vascas, porque no hay relajación que valga para ellas y para todos sus familiares y allegados, víctimas directas de la política de dispersión. Los castigos añadidos a los presos del EPPK no acaban con el alejamiento, ni mucho menos. Mientras tan solo el 1,6% de la población reclusa del Estado permanece encarcelada en primer grado, cerca del 95% de los presos políticos vascos sufre el régimen más restrictivo, según los últimos datos publicados a principios de año. Dicho de otro modo, los 292 presos del EPPK en el Estado español suponen el 0,47% del total de la población reclusa. Sin embargo, son el 27,13% de los encarcelados en régimen de primer grado en todo el Estado.

Cinco años después de que ETA pusiese fin a la actividad armada, la venganza es la única explicación de semejante política penitenciaria, intolerable para cualquiera que aspire a un futuro de convivencia en el que todos los derechos sean respetados para todos por igual.