Ayer fue encontrado en una carretera el cadáver del viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes. Fue secuestrado por cooperativistas mineros cuando se dirigía a negociar una salida al conflicto que protagonizan y que mantenía cerradas las principales carreteras del país. Como causa de los disturbios se invoca una ley que considera que todos los recursos naturales pertenecen al pueblo boliviano y sobre esa base prohíbe a las cooperativas de mineros firmar contratos con empresas privadas, ya sean nacionales o internacionales.

Puede dar la impresión de ser un hecho local y aislado, pero tras más de una década de gobiernos progresistas en Latinoamérica, las fuerzas de izquierda están sufriendo un importante retroceso –en parte como consecuencia de errores propios y, en parte, por las fuerte ofensiva de la derecha–. En algunos países, como Argentina y Perú, la izquierda ha salido del gobierno al perder apoyo electoral, mientras que en aquellos en los que las urnas no han permitido ese cambio, la derecha maniobra incansablemente con el propósito de desestabilizar a los gobiernos progresistas, tal y como está ocurriendo en Brasil, Venezuela y ahora también en Bolivia. En este contexto adquieren todo su significado las palabras del presidente de Bolivia, Evo Morales, que calificó las protestas como una conspiración política en la que realmente no existe una reivindicación social. Significativos resultan, asimismo, los silencios del resto de gobiernos de la región, ya que solamente el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó ayer el secuestro y muerte de todo un viceministro boliviano.

Cuando las reglas de juego no permiten recuperar el poder, la derecha olvida las reglas y conspira abiertamente para terminar con gobiernos democráticos y progresistas. Y con mayor ímpetu si cabe cuando, además del poder político, están en juego grandes beneficios económicos.