Los 193 Estados que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobarán hoy una Declaración conjunta sobre refugiados y migrantes en una cumbre previa a la reunión de la Asamblea General. El texto, en el que se reiteran compromisos tan básicos como «el respeto a las normas internacionales vigentes», fue acordado en agosto y desató rápidamente las críticas de numerosas ONG y entidades que trabajan sobre el terreno. No en vano, la Declaración no anuncia ninguna medida concreta, sino que se pierde en compromisos vagos y etéreos como el estudio de «la posibilidad de elaborar principios rectores no vinculantes». La cumbre de hoy, por lo tanto, no servirá para dar una respuesta urgente a la crisis global.

Pese a la lógica frustración que puede generar la debilidad de una Declaración preparada durante diez meses (el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la convocó el 20 de noviembre de 2015), conviene no despreciar la importancia de que la crisis global entre por fin por la puerta grande de la sede de las Naciones Unidas. Ni que sea para que los las grandes potencias tengan que confrontarse con la cruda realidad reflejada por las demoledoras cifras que acompañan a la cumbre: al cierre del año pasado había en el mundo 21 millones de refugiados, lo que supone un incremento de cinco millones en apenas 15 años. Y son, con perdón, los afortunados: en el mismo periodo han muerto o desaparecido 46.000 personas que huían de su hogar. Según la ONU, 5.400 solo el año pasado.

El 70% de ellos murió en el Mediterráneo, convertido en la fosa común más grande de la Tierra a las puertas de una Europa que, obsesionada por controlar la llegada de refugiados, olvida que el 86% de ellos han encontrado cobijo en países subdesarrollados y en vías de desarrollo. Es decir, en países pobres. En Líbano, el millón largo de refugiados supone ya una cuarta parte de la población del país. Lecciones desde Europa, por lo tanto, ni una.