El Gobierno del Estado francés ha puesto en marcha el fichero (Fijait) que recogerá los datos de las personas procesadas o condenadas por «asuntos terroristas» según prevé la ley sobre los servicios de información aprobada hace un año tras el ataque contra la revista ‘Charlie Hebdo’. La inclusión se produce por un periodo de 20 años e impone además obligaciones como justificar periódicamente la residencia y avisar de los viajes al extranjero durante los primeros 10 años, lo que supone un claro recorte de libertades y derechos fundamentales de los afectados.

El Estado francés no es muy dado a sutilezas cuando de aplicar la fuerza se trata. Así, está incluyendo en el fichero a militantes vascos y corsos que han cumplido sus condenas, aunque no tengan nada que ver con el fin que presumiblemente se persigue. Contra la disidencia cualquier mecanismo es válido. Ya lo demostró el Estado francés en la década de los 80 cuando invocó una ley aprobada tras la II Guerra Mundial –el llamado procedimiento de urgencia absoluta– para expulsar a refugiados vascos. Poco importó que al cabo de los años esas expulsiones fueran anuladas. Recientemente ha vuelto a recurrir a una antiquísima norma –la Ley Falloux que no permite dar ayudas públicas a colegios privados– para no subvencionar a las ikastolas de Iparralde. El repertorio represivo suele caer en desuso, como posiblemente ocurra con este fichero, pero se mantiene siempre que pueda resultar de utilidad en el futuro.

La recogida masiva de datos y las obligaciones asociadas no mejoran la seguridad; solamente sirven para aumentar el control de la población, recortar libertades y derechos fundamentales, y castigar a la disidencia más allá de la condena. Este tipo de medidas conllevan además otro tipo de objetivo: pretenden que vayamos asumiendo que vivir en la Europa de la opulencia no es gratis, que tiene costes que debemos pagar en forma de pérdida de derechos fundamentales. Así, la (i)lógica securócrata se impone.