Representantes de Sare acudieron ayer a la Audiencia Nacional para reclamar que les devuelvan el dinero que la Guardia Civil incautó en 2015. Mientras la red ciudadana denunciaba ese atropello, un juzgado de Palma imponía al cuñado del rey –condenado a 6 años de prisión– unas medidas cautelares simbólicas que le permiten evitar la cárcel y seguir con su vida habitual. En la misma línea, la sentencia por el caso de las «tarjetas black», que se conoció también ayer, imponía a los implicados penas de cárcel mínimas tras dilapidar al menos 15 millones de euros del patrimonio de Caja Madrid. La vara de medir de la Justicia española se amolda fácilmente al perfil del reo.

No solamente los jueces españoles actúan siguiendo la estela del poder. Mientras la Fiscalía presentaba una nueva querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por aprobar la convocatoria de un referéndum, el fiscal general purgaba a varios fiscales. Entre los cambios más significativos, el cese del fiscal superior de Murcia que investiga al presidente de la Comunidad por corrupción y que había denunciado presiones; y el nombramiento para anticorrupción del único fiscal entre los candidatos que no ha trabajado en ese campo. El último cambio importante se produjo en la AN, donde el nuevo fiscal jefe, Jesús Alonso, se ha distinguido en sus actuaciones contra la izquierda independentista. Así, por ejemplo, pidió nada menos que 96 de prisión para Iñaki de Juana por dos artículos de opinión, petición que posteriormente fue incapaz de sostener. Tampoco apoyó la libertad condicional de Iosu Uribetxebarria por razones humanitarias, ni la aplicación de la sentencia europea que abolía la doctrina Parot.

Por desgracia, en Euskal Herria se conoce de primera mano el funcionamiento de la Justicia española. Como volvió a dejar patente ayer, por encima de la separación de poderes, es un instrumento más del Estado para la persecución de la disidencia y el auxilio a los poderosos.