La red viaria y el consenso más allá de partidismos

Este fin de semana se instalará el primer pórtico de peajes para los vehículos pesados que transitan por la N-1, sistema que la Diputación de Gipuzkoa espera poder poner en marcha para enero de 2018. Se trata de una medida cabal y casi obligada visto el desgaste de esta vía, así como la ruinosa situación en la que los gobiernos del PNV dejaron la agencia pública de infraestructuras Bidegi tras años de gestión.

De hecho, la medida llega tres años tarde, pues lo que la Diputación de Markel Olano ha presentado como novedoso sistema AT no es sino una reformulación del plan similar que Bildu puso encima de la mesa en 2014. Aquella iniciativa, más ambiciosa que la actual, fue tumbada por quienes ahora gobiernan la Diputación, que tan pronto como recuperaron la institución rescataron el plan anteriormente rechazado. Bienvenida sea la rectificación en nombre del bien común. Lejos del revanchismo, EH Bildu –que no se ha opuesto a la medida–, ha hecho gala de una madurez política que ni PNV ni PSE, llevados por el simple partidismo, demostraron en la anterior legislatura. La decisión no hace sino confirmar la –tantas veces puesta en duda– capacidad de la izquierda soberanista de gestionar instituciones y muestra que, más allá del dominio electoral, la agenda y el rumbo de este país no la marca solo el PNV. Ni mucho menos. Conviene recordarlo antes de caer en la tentación de la frustración.

El futuro de la red viaria es, en resumen, un reto importante en el que, a diferencia de la red ferroviaria, existe suficiente base compartida como para alcanzar consensos de país. La instalación de los peajes en la N-1 y la implantación del tope de peajes mensuales en Bizkaia –imitando la medida implantada en Gipuzkoa en la anterior legislatura– son ejemplos de esa base común que debería poder desarrollarse si se conjugan voluntad política y capacidad de superar los empobrecedores partidismos y las diversas divisiones territoriales, al menos en Hego Euskal Herria.

Bilatu