En el goteo de diócesis católicas implicadas en escándalos de abusos sexuales a menores, esta semana le ha tocado el turno a Baiona, donde un sacerdote ha sido apartado de sus funciones después de que su cuñada lo denunciase ante la justicia ordinaria por abusar de su hijo en 1991. Que se sepa, el mismo clérigo fue protagonista de al menos otro caso de abusos a menores en 2007. Tras dos años de tratamiento, el clérigo pederasta recaló en Iparralde, donde los obispos –primero Pierre Molères, ahora Marc Aillet– tuvieron conocimiento de sus antecedentes desde el principio.

Escudados en el respeto a la familia, que no denunció el caso hasta el año pasado, las autoridades católicas no llevaron el caso ante la justicia ordinaria. En vez de ello, Aillet explicó en una primera nota que lo destinaron a quehaceres alejados de menores, lo cual ha resultado ser mentira. Ayer mismo quedó acreditado que el sacerdote pederasta, de nombre Jean-François Sarramagnan, ha participado durante los últimos años en multitud de actividades con menores de edad. ¿Por qué el engaño?

La Iglesia católica tiene un problema muy grave, no solo con los abusos a menores, sino sobre todo con el encubrimiento de dichos abusos. Un problema mediatizado por recientes películas como “Spotlight” y detallado por un demoledor informe de la ONU, que en 2014 acusó al Vaticano de permitir los abusos «sistemáticamente». La luz y el taquígrafo son las únicas herramientas que pueden ayudar a levantar, poco a poco, la sombra de la sospecha sobre la Iglesia. Y en este sentido, iniciativas como el tribunal eclesiástico instituido por el Papa Francisco para juzgar a los sacerdotes no son más que falsas salidas que sirven para eludir los tribunales ordinarios.

La justicia divina ya le llegará a quien crea en ella. Para el resto de los mortales, la justicia ordinaria es, con todas sus deficiencias, la única garantía posible de que un abusador, con sotana o sin ella, pague por su delito.