La ronda de contactos que activa el proceso de investidura del presidente del Gobierno español comenzó ayer, precisamente la víspera de que la Comisión Europea tome una decisión sobre las medidas a aplicar a aquellos países –entre los que se encuentra el Estado español– que han incumplido el objetivo de déficit. La intención de mostrar cierta actividad política ante la Comisión se ha visto reforzada por el Gobierno en funciones de Rajoy con la propuesta de nuevas medidas económicas.

En relación con los ingresos, el Gobierno quiere aprobar un aumento de los pagos fraccionados –adelantos que realizan las empresas a Hacienda sobre sus beneficios teóricos y que después liquidan con la declaración–. Estos pagos se redujeron antes de las elecciones provocando el desplome de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades. La modificación permitiría adelantar la recaudación y mejorar los números de este año, aunque la mayor parte de lo abonado se devuelva el año próximo, cuando las empresas presenten la declaración del impuesto. Por la parte del gasto, el Gobierno ha decidido anticipar el cierre del presupuesto de gastos a julio, de manera que las operaciones que no hayan comenzado a ejecutarse quedarán pospuestas hasta el año que viene. Ambas medidas permiten maquillar el déficit este año trasladándolo al siguiente ejercicio, pero también meten presión al resto de grupos políticos de cara a la investidura, al recordarles que tanto las medidas fiscales como la presentación del proyecto de presupuestos antes del 30 de setiembre requieren de un gobierno con facultades plenas.

La fijación de las autoridades europeas con los objetivos de déficit permite este tipo de maniobras que dan cierto juego político aunque soslayan los verdaderos problemas de fondo: la necesidad de una profunda reforma fiscal que redistribuya las cargas y la urgente necesidad de orientar los presupuestos a atender las necesidades sociales como base para la recuperación de la actividad económica.