El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) volvió a estirar ayer de las orejas al Estado español por no investigar una denuncia de torturas. En esta ocasión, tras explicar que la ausencia de investigación les impide entrar en el fondo de la denuncia, los magistrados dictaminan que Madrid debe pagar 20.000 euros al iruindarra Xabier Beortegi, que denunció graves torturas tras ser detenido en 2011. Suma y sigue: ya son ocho las sentencias europeas que condenan al Estado español por este motivo.

De hecho, una de las condenas previas llegó a raíz de la denuncia de Patxi Arratibel, detenido en la misma operación que Beortegi y autor del mudo grito de socorro «Aztnugal», convertido en los últimos meses en clamor contra la tortura. Un lema perseguido por los representantes del Estado en Nafarroa hasta límites tan ridículos como la extemporánea detención del entorno de Iker Moreno (también detenido y torturado en la misma operación) o la orden de borrar el mural de Agoitz en el que junto al lema «Aztnugal» se representa a Mikel Zabalza, torturado hasta la muerte hace 31 años. Una orden, por cierto, felizmente desobedecida por el Ayuntamiento.

Pero lo ridículo de la persecución no puede tapar la gravedad de la actitud del Estado, resumida a la perfección por el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, cuando pidió actuar contra el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada por reconocer la práctica «clara» de torturas. Actitud irresponsable donde las haya, en dirección claramente opuesta a lo que necesita esté país. Si la primera estación hacia un futuro de convivencia es el reconocimiento del daño causado, todos tendrán que pasar por ella. No es revancha ni chantaje, es humanidad y sentido común. Basta escuchar el testimonio de Beortegi, disponible en la red, para entender la gravedad de la denuncia y hacer propio el deseo que expresó al quedar en libertad: «Solo espero que esto no le pase a nadie más».