Responsabilidad en los derechos de los presos

No es probable que la invitación de Etxerat a Iñigo Urkullu reciba una respuesta positiva y, en consecuencia, que este acompañe a familiares de presas y presos vascos en alguno de sus viajes a prisiones españolas. En cualquier caso, el emplazamiento de Etxerat no persigue tanto un gesto simbólico del lehendakari como su implicación en la defensa de los derechos de estos presos.

La valoración del lehendakari sobre las razones que han llevado a estas personas a prisión es relevante en cierto sentido. Además de por su conocida crítica a ETA, porque en otros muchos casos el propio Gobierno de Lakua ha criticado esas encarcelaciones –las del caso denominado «Bateragune», las del 18/98, las de los presos enfermos… entre otras–. Asimismo, el Parlamento de Gasteiz se ha posicionado contra la política penitenciaria del Gobierno español. En ese sentido, que Iñigo Urkullu contextualice la situación de los presos vascos según sus principios es lógico, pero su responsabilidad en esta materia no parte de esas opiniones, sino de su cargo. Y esa responsabilidad tiene que ver con que los derechos de esos conciudadanos están siendo violados por parte del Estado en base a criterios arbitrarios contrarios a la ley y que criminalizan lo vasco al ser aplicados de manera sistemática a estos presos. Él, en calidad de lehendakari, es también su representante institucional, lo es de quienes le votaron y de quienes no le votaron, de abertzales y unionistas, de trabajadores y desempleados… En definitiva, de todos los ciudadanos que habitan en sus territorios. Este un concepto muy básico de la democracia que a menudo queda diluido en los discursos de los políticos y representantes institucionales.

Lo que debe primar en el discurso del lehendakari en torno a los presos no es el nuevo tiempo político, ni su ideología, sino su responsabilidad de velar por los derechos de absolutamente todos sus conciudadanos, acreedores de ellos sin obligación de hacer «mérito» alguno. Para los demás discursos están los partidos políticos, empezando por el suyo propio, o las organizaciones en favor de los derechos humanos y libertades.

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