La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, presentó ayer en el Parlamento las propuestas del ejecutivo de Urkullu para reformar la RGI. Una somera valoración de las modificaciones concretas y los cambios en la norma anunciados proporciona elementos suficientes sobre las verdaderas intenciones del ejecutivo autonómico con respecto a la RGI.

Las medidas van dirigidas fundamentalmente a recortar la ayuda obviando, tal y como indicó la parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, que un 30% de personas que cumple las condiciones no solicitan la ayuda; y casi un 3% no consiguen salir de una situación de pobreza aun cobrando la RGI. El Gobierno ha buscado la reducción del número de perceptores estableciendo, por ejemplo, un máximo de una RGI por domicilio, sin tener en cuenta que precisamente los altos precios de la vivienda hacen que  compartir piso sea una de las opciones más socorridas por las personas con pocos recursos para reducir gastos. A nadie se le escapa, asimismo, que son las personas migrantes las que en mayor medida comparten vivienda, añadiendo un nuevo obstáculo a la posibilidad de que puedan cobrar la RGI. Por otro lado, el ejecutivo desvincula totalmente la cuantía de la ayuda del salario mínimo o de cualquier otro indicador externo, lo que llevará a que se actualice en función de las disponibilidades presupuestarias, es decir, de la voluntad política. Una decisión lógica para un PNV que se dispone a aprobar la reforma fiscal que están pergeñado las diputaciones y que no parece que vaya a llegar ni a reforma, ni vaya a aportar más recursos para el mantenimiento de las políticas sociales y el estado de bienestar.

La reforma de la RGI anunciada supone un retroceso en varios ámbitos pero, sobre todo, modifica el objetivo al dirigir los esfuerzos no a luchar contra la pobreza, sino a controlar a los pobres. En definitiva, las propuestas presentadas por el ejecutivo de Urkullu abrazan el planteamiento político del PP en toda su extensión.