El sindicato ELA denunció ayer que al menos 4 de los 24 convenios firmados entre el Servicio Navarro de Empleo y los sindicatos UGT y CCOO esconden en realidad una transferencia de dinero público hacia estos últimos, con el fin de financiar las estructuras internas de estas organizaciones, extremo que afirma acreditado en el caso de relevantes cargos internos de los sindicatos UGT y CCOO. La organización denunciante presume que la misma práctica se ha utilizado también para surtir de fondos públicos las estructuras de la patronal navarra.

Esos convenios que se definen como programas de «estabilidad para el empleo» han resultado ser, ciertamente, un sólido sostén para el empleo, pero solamente de ciertos cuadros sindicales que en contraprestación a las remuneraciones obtenidas ofrecían estabilidad al régimen navarro. Esta utilización de las instituciones públicas y de sus fondos para sostener a determinadas asociaciones, construir falsos consensos, alabar el diálogo social y apuntalar un régimen es, si cabe, todavía más grave al emplear recursos públicos que en teoría iban destinados a proporcionar formación y a facilitar la búsqueda de un empleo a miles de personas que se encuentran en paro en estos momentos.

Enterrar las viejas prácticas discriminatorias del régimen y democratizar la administración pública pasa inevitablemente por la promoción de la transparencia en todos los ámbitos de la acción de gobierno. En esa dirección, actuar con claridad cuando se trata de financiación pública aparece como una premisa básica y buscar la eficiencia en el desarrollo de las políticas públicas resulta fundamental. Sumando esas dos premisas, lo más lógico resultaría encomendar todos los aspectos de la formación de las personas trabajadoras o paradas al organismo más capacitado para impartirla, los centros de formación profesional pública, lo que proporcionaría sin duda claridad y eficiencia.