El informe del equipo liderado por Paco Etxeberria sobre la tortura es exhaustivo, prolijo en datos, profesional y difícilmente rebatible, y como tal supone una carga de profundidad contra quienes durante décadas han negado la existencia del maltrato policial. Por ello, ni la pataleta del PSE ante su difusión ni la posterior disculpa del PNV a la incalificable posición de su socio deben emborronar el alcance de este documento, una radiografía de lo que ocurría en las comisarías cada vez que un vasco o una vasca entraba en ellas. 

Es la crónica de un descenso a los infiernos, y está narrada con tanto detalle que no sólo estima el número de torturados sino que explica en qué forma lo han sido. En este sentido, las cifras y porcentajes que hoy publicamos no son fríos recursos estadísticos sino guías que ayudan a comprender una realidad sistemáticamente ocultada; son las pinceladas que conforman el dibujo, y algunas son tan terribles que sobresalen en ese cuadro sobrecogedor. Ocurre por ejemplo con la violencia de carácter sexual, que es mencionada en el 22,3% de los casos e incluye desde humillaciones, golpes y electrodos en los genitales hasta violaciones vaginales y anales. Concretamente, se han censado 36 de ellas bajo custodia policial, una barbaridad que cuando menos debería interpelar a las instituciones, sobre todo a las que trabajan en el ámbito de la mujer, y a la propia sociedad, cada vez más concienciada en torno a la violencia machista. Lo mismo cabe decir de la tortura aplicada a menores; un 2% de los denunciantes tenía menos de 18 años cuando fue maltratado. ¿Dónde estaban los organismos encargados de velar por este colectivo vulnerable?

La denuncia de la tortura ha sido constante durante estos años, pero hay quien no se la ha creído o no la ha querido creer. Con este informe, la evidencia es insoslayable. Quienes han mirado a otro lado tienen opción de enmienda. Si no lo hacen, ya no podrán alegar desconocimiento ni desconfianza, sino únicamente un cinismo de manual.