La vivienda será un derecho subjetivo, es decir exigible ante los tribunales, en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa si, como es previsible, en junio se aprueba la Ley de Vivienda cuyo trámite avanza en el Parlamento de Gasteiz. El aval de PSE, EH Bildu y UPyD a la nueva normativa supone cambios significativos a la hora de garantizar un derecho fundamental como es la vivienda a aquellos ciudadanos que no puedan costeársela y cumplan los requisitos que se impongan. El considerarlo un derecho subjetivo es en sí mismo un avance importante para salvaguardar que los colectivos más desamparados puedan conseguir un techo en alquiler para vivir. La ley incluye otras medidas como la «expropiación forzosa de uso» a bancos y el canon a los pisos que estén vacíos durante más de dos años.

Ninguna de las medidas acordadas por las tres formaciones, de las que no puede decirse que compartan intereses ideológicos, ha convencido a PNV y PP. El portavoz del Ejecutivo de Gasteiz, Josu Erkoreka, se parapetó en excusas tibias como algunos desajustes entre instituciones que la normativa pueda provocar o en el alto coste que supondrá para la Administración. Argumentos con poco peso en cualquiera de los casos ya que, por ejemplo, los 715 millones que el Gobierno de Urkullu calcula que podría costar la ley en 10 años de aplicación suponen menos dinero que la construcción de 25 kilómetros de la «Y vasca».

Pero lo que resulta verdaderamente grave es que el portavoz del Gobierno faltara a la verdad y tergiversara el contenido del proyecto para alarmar anunciando un efecto llamada de carácter mundial, casi una invasión, que recuerda a los discursos discriminatorios que resultan sumamente preocupantes cuando se trata de defender derechos básicos. Es cuestión de tener claro cuáles han de ser las prioridades en el deber de garantizar los derechos de la ciudadanía y actuar con la responsabilidad que ello requiere. Que todas las personas merecen un techo digno bajo el que vivir es una cuestión fundamental que debe abordarse sin excusas.