Una sentencia judicial avala desde ayer lo que ya la Generalitat de Catalunya había admitido por la vía de los hechos: que la vecina de Barcelona Ester Quintana perdió un ojo hace cinco años a causa del impacto de un proyectil lanzado por los Mossos d’Esquadra. Y sin embargo, el mismo juzgado que reconoce la responsabilidad de la policía catalana ha decidido, en contra de la petición de la acusación particular y de la propia Fiscalía, absolver a los dos agentes acusados de ordenar y lanzar el proyectil. Los magistrados alegan que no pueden individualizar la responsabilidad penal, al no poder demostrar quién efectuó el disparo.

La gravedad de semejante afirmación no puede pasar desapercibida, ya que significa que la Justicia es incapaz de identificar qué funcionario público disparó contra una ciudadana. Y es incapaz porque los responsables políticos de los Mossos d’Esquadra no han podido o no han querido romper el pacto de silencio sellado por los agentes implicados. Cualquiera de las dos opciones (complicidad o imposibilidad) debería encender todas las alarmas. ¿Qué mensaje se lanza condenando el delito policial pero asumiendo la imposibilidad de determinar quién lo cometió?

El caso tiene su eco en Euskal Herria, donde el proceso por la muerte de Cabacas sigue su curso, con la tentación evidente de seguir los pasos del caso Quintana. Pero además, la hiriente impunidad que acompaña a las actuaciones más polémicas de los Mossos vuelve a poner encima de la mesa un debate ineludible para todos aquellos que, ya sea en Catalunya o en Euskal Herria, tienen como horizonte la construcción nacional y la transformación social: ¿Cómo construir un modelo policial democrático y respetuoso con los derechos humanos, libre de impunidad y corporativismo? Por muy lícitos que sean, los genéricos eslóganes contra la policía no dejan de ser un atajo con el que escurrir un debate que la izquierda tendrá que afrontar más pronto que tarde. De lo contrario, seguirá condenada a reproducir las políticas de seguridad de la derecha.