La exhibición de capacidad pulmonar que decenas de miles de aficionados catalanes y vascos protagonizaron el pasado sábado en el Camp Nou no defraudó las expectativas. Unas expectativas alimentadas por instituciones y medios de comunicación españoles a base de amenazas. Como quedó patente, las amenazas no surtieron efecto. O tal vez sí, pero como estímulo.  

La inmediata reacción pública del Gobierno español tampoco sorprendió, por esperada y por lo habitual de sus lamentables argumentaciones. Hoy se reunirá la Comisión contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia para tratar la pitada al himno español y, si procede, proponer sanciones. Es claro que el sábado en el Camp Nou no hubo ninguna actitud violenta, ni racista o xenófoba. En cuanto al cuarto fenómeno del que esa Comisión se ocupa, la intolerancia, tampoco hubo muestra de ella por parte de los seguidores del Barça y el Athletic, lo que no se puede decir del Gobierno español, de su proceder antes y después del partido, amenazando y arremetiendo contra la libre expresión de todas esas personas a las que se les impone un himno con el que no se identifican y ante el que mostraron su disconformidad, así como en la vengativa intención de castigar la protesta. Afirmar que la pitada del Camp Nou es un ataque a la democracia resulta patético, más aún en boca de quien pretende imponer su simbología a colectividades que no la asumen como suya.

La respuesta de la Generalitat a la nota del Gobierno de Madrid, mostrando su firme respaldo a los clubes y rechazando cualquier posible sanción, contrastaba con la tibieza del Ejecutivo de Lakua, quien lo más que llegó a decir fue que pretender sancionar a los clubes es «un error». Lo cual, además, no es exacto. La reacción de Madrid no es un error, sino una muestra más de un talante. La enésima muestra de la falta de una mínima de cultura democrática de quien ante expresiones que no son de su agrado solo sabe reaccionar con represión.