El Ayuntamiento de Barcelona desmanteló ayer, con tacto y cuidado, la inmensa ofrenda floral que espontáneamente había florecido en el lugar en el que una furgoneta arrolló a decenas de personas el 17 de agosto. Modo simbólico de expresar una vuelta a la normalidad que no significa, ni mucho menos, olvidar lo ocurrido. Junto a ello, ayer volvió al primer plano el proceso soberanista, que, pese a quedar en una segunda línea durante los días de luto, nunca había desaparecido realmente de la escena. Conviene no perder de vista que queda poco más de un mes para el referéndum anunciado para el 1 de octubre por la Generalitat.

En este sentido, los partidos independentistas presentaron ayer la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, un paso de gigante a la hora de dotar de credibilidad y transparencia al plebiscito del 1-O. Uno de los principales retos de esta convocatoria, que tiene en su contra a toda la clase política española, es mostrarse como creíble; no en vano, ahuyentar el fantasma del 9-N es una de las obsesiones de los impulsores de este referéndum vinculante. Es en este sentido en el que ayuda, y mucho, la presentación de la Ley que debe regir los pasos a seguir en caso de victoria del Sí en el plebiscito; la norma que debe garantizar una transición clara de la legalidad española a la legalidad catalana, de manera que evite situaciones de inseguridad o vacío legal.

Todos los expertos en procesos electorales destacan que, en un referéndum, es crucial dejar claro qué ocurre cuando gana cualquiera de las opciones en liza –algo que no se definió correctamente, por ejemplo, ni en Colombia ni en el Brexit–, por lo que la Ley es una pieza necesaria también a la hora de dotar al plebiscito de todos los elementos homologables posibles. Todos saben desde el principio qué ocurrirá si el No gana el referéndum –elecciones autonómicas–. Con la Transitoriedad Jurídica, esa certeza se traslada ahora también a la hipotética victoria del Sí.