Un preso bilbaíno llamado José Ángel Serrano falleció en la cárcel de Zuera (Zaragoza) el pasado 14 de octubre. Tres meses después, su familia sigue sin conocer las circunstancias de una muerte que las autoridades judiciales han intentado cerrar por la vía rápida, con un informe forense mínimo que por no aclarar no aclara ni dónde falleció Serrano. La inhumanidad que rezuma el caso es el cruel reflejo de un sistema penitenciario basado en el castigo y alejado de cualquier esperanza de reinserción.
 
Serrano, condenado a 38 años por la acumulación de diversos delitos consecuencia de su toxicomanía, llevaba 18 años encarcelado en primer grado, es decir, pasó prácticamente la mitad de sus 40 años de vida aislado. Tenía prescrito un tratamiento siquiátrico cuya administración estaba pautada en tres tomas diarias que, sin embargo, fueron reducidas a dos tomas en Zuera, donde no fue atendido en el momento de su fallecimiento, debido aparentemente a que el interfono de la celda no funcionó. De forma sencilla y sentida, las palabras de la compañera sentimental de Serrano, Silvia Encina, llegaron ayer al fondo de la cuestión: «La causa de la muerte es natural porque lo natural es morir en la situación en la que vivía José».

Pero el cúmulo de despropósitos ha seguido tras la muerte, ya que a la familia se le exigía firmar un certificado de defunción que zanja el asunto para poder ver el cuerpo del fallecido, que ni siquiera saben a ciencia cierta si sigue en el Instituto Anatómico Forense de Zaragoza o no. Las autoridades se niegan a realizar una autopsia completa y, para rematarlo, están obstaculizando el acceso de Encina a la justicia gratuita a la que tiene derecho.

Se trata de un caso cruel y extremo, pero no aislado: una media de 230 personas mueren al año en cárceles españolas. Si la calidad de una sociedad se evalúa no por como viven sus ciudadanos más afortunados, sino por la situación de los más desafortunados, el nivel español es vergonzoso.