La Abogacía del Estado ha entregado esta mañana al Gobierno español el informe sobre la Declaración de Soberanía aprobada por el Parlament el pasado 23 de enero, en la que se reivindicaba Catalunya como «sujeto político y jurídico soberano». En el Informe, encargado por el propio Gobierno, la Abogacía del Estado recomienda impugnar la declaración al Tribunal Constitucional (TC), al considerar que vulnera la Carta Magna.

Pese a que, en un primer momento, desde el Gobierno se dijo que no se recurriría la declaración, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado esta mañana que el Gobierno pedirá ahora otro informe al Consejo de Estado, como paso previo a la impugnación del texto aprobado por una amplia mayoría del Parlament.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que la Declaración viola al menos cuatro artículos de la Constitución, entre ellos los dos primeros, que sitúan la soberanía en el conjunto del «pueblo español» y establecen la «indisoluble unidad de España».

Se abre así una nueva etapa en el proceso soberanista catalán, en la que se refleja la decisión del Gobierno de tumbar cada una de las iniciativas catalanas -ya lo han hecho con recursos contra diversas tasas y leyes del Govern o con la acción exterior-.

La medida del Gobierno recuerda, inevitablemente al recurso contra el Estatut, que el Constitucional declaró ilegal, pero teniendo en cuenta que la Declaración del Parlament no tiene consecuencia jurídicas -es una declaración política-, como precedente también sirve el plan Ibarretxe, cuya impugnación el TC ni siquiera admitió a trámite.