Es una lucha contra el tiempo. Desde el año 2000 se han exhumado en Euskal Herria los restos humanos de unas trescientas personas. En todo el Estado español, las exhumaciones han sido unas 6.000, de ellas 2.700 en el camposanto malagueño de San Rafael. Cabe recordar que el principal responsable de la represión en Málaga fue Carlos Arias Navarro, que firmó centenares de sentencias de muerte, lo que le valió el apodo de ‘carnicerito de Málaga’, y será recordado siempre por anunciar lloriqueando en televisión «Españoles, Franco ha muerto», siendo ya presidente del Gobierno tras el atentado mortal de ETA contra Carrero Blanco.

La elaboración de un mapa de fosas comunes en Euskal Herria arroja una cifra aproximada de 260, según indica el historiador Iñaki Egaña, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Solo una veintena se han abierto hasta el momento. El movimiento de recuperación de la memoria comenzó en el caso vasco en Nafarroa, al poco de morir Franco, de la mano de personas particulares y entidades como Altaffaylla, que dieron a conocer las terribles cifras de los asesinatos en suelo navarro (más de 3.000, sin que hubiera frente de guerra) tras el 18 de julio de 1936.

De cualquier manera, las fosas comunes no acogen solo a fusilados, sino también a muertos en combate. Ha sido el último caso, el de la localidad alavesa de Etxaguen-Zigoitia, donde Aranzadi ha desenterrado los esqueletos de once soldados que murieron en la fracasada ofensiva del recién constituido Ejército Vasco en noviembre de 1936 contra las fuerzas franquistas que habían ocupado Legutio. Muchos gudaris y milicianos perdieron la vida en los bosques y colinas cercanos a Etxaguen en el transcurso de los combates. Algunos de ellos, caso de los exhumados ahora, fueron recogidos del campo de batalla y enterrados en fosas como la de Etxaguen. Lo fueron boca abajo, como «castigo» por su condición de ateos, pues se supone que pertenecían al batallón Facundo Perezagua, compuesto en su mayoría por voluntarios comunistas de la zona minera de Bizkaia. El Perezagua pagó un alto tributo en sangre a lo largo de la guerra, y su comandante, Manu Egidazu, fue el primer fusilado tras la rendición de Santoña.

En el caso de Zigoitia ha sido la propia junta vecinal la que ha pedido a Aranzadi que exhume los restos, labor para la que ha contado con la ayuda del Gobierno de Lakua. En otras ocasiones son familiares de los desaparecidos, o asociaciones, los que toman la iniciativa. Francisco Etxeberria, el forense que encabeza el equipo de Aranzadi encargado de esta labor, se congratula de que hayan quedado atrás los tiempos en que, por miedo, si alguien encontraba restos procedentes de la guerra ocultaba el descubrimiento. También es verdad que, en el inmediato postfranquismo, años 1977-1978, hubo muchos casos de desenterramientos a cargo de los propios familiares de los fallecidos, que conocían el emplazamiento de las fosas y directamente, con azadas, exhumaron los restos y les dieron sepultura en los cementerios. No hay estadísticas de aquella época.

Dificultad para los investigadores

La recuperación de la memoria histórica, en su vertiente de búsqueda de fosas comunes, es una lucha contra el tiempo. De hecho, prácticamente en todos los casos han sido personas de avanzada edad las que han indicado dónde se hallarían enterrados restos humanos. Desde Aranzadi temen que las personas que podían dar esa información, por haber sido testigos de los hechos en su infancia o haberlo oído a sus padres, o ya lo han hecho, o no quieren hacerlo, o ya han fallecido. Es decir, que no es previsible que en adelante se produzcan muchos nuevos hallazgos. La realidad es que el tema de los desaparecidos se abordó muy tarde, tras la muerte de Franco, y eso supone una enorme dificultad para los investigadores.

En los casos en que se llega a practicar las exhumaciones, si los forenses disponen de alguna pista sobre la identidad de los enterrados comparan su ADN con el de los familiares, confirmando así de quiénes se trata. En junio del año pasado se exhumaron los restos de cuatro gudaris en Ziardamendi, en Elgoibar; se sabía que pertenecían a un grupo de diez jóvenes bilbainos, identificados con nombre y apellidos, que se habían alistado voluntarios en varios batzokis y murieron en su primera acción de combate. En el caso de Etxaguen-Zigoitia, la identificación será mucho más complicada, si es que llega a producirse.

Particulares, asociaciones y Administración colaboran, en el caso de la CAV, en la recuperación de restos de fallecidos y en los posteriores actos de reconocimiento. Así ha ocurrido en Etxaguen y así fue hace unos meses en Legazpi, Urretxu o Beasain, donde los familiares de los fusilados y fallecidos de las respectivas localidades recibieron el homenaje de los ayuntamientos, en forma de plenos y descubrimiento de placas o monumentos. El Gobierno de Lakua mantiene, por su parte, un acuerdo de colaboración con Aranzadi. En lo que respecta a Nafarroa, el desinterés del Gobierno es total.

El ayuntamiento de Eulate ha sido el primero que ha decidido hacerse cargo de los restos de un fallecido, Gregorio García, uno de los diez recuperados a finales de marzo en la sima de El Raso de Urbasa. Gregorio no tenía familia. En el caso de Balbino García y de Balbino Bados (padre del expresidente del Parlamento de Navarra Balbino Bados, militante de UPN ya fallecido), que se da por seguro sean otros dos de los asesinados en Urbasa, una vez confirmada su identidad se les entregarán a sus familiares. El resto habrá de esperar a las labores de identificación y cotejo del ADN, más trabajosas por carecerse de datos tan precisos como los de las tres personas citadas.

La Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra ha actuado en los últimos diez años sobre 46 fosas y ha encontrado los restos de 217 personas. Muchas más esperan todavía a reposar en paz y con dignidad.