El debate sobre la regulación de las drogas ha vivido un vuelco en los últimos años, especialmente en Latinoamérica, donde ha pasado de ser una demanda minoritaria encabezada por comunidades de usuarios a plantearse como verdadera alternativa a la «guerra contra el narcotráfico» enarbolada desde el final de la Guerra Fría por los Estados Unidos, cuyo estrepitoso fracaso no cabe siquiera entrar a comentar. Buena muestra de ello es que figuras políticas poco sospechosas de veleidades izquierdosas como el recién reelegido presidente colombiano, Juan Manuel Santos, o el expresidente mexicano Vicente Fox se hayan mostrado en los últimos meses a favor de cierta regulación.

En este sentido, Uruguay se ha convertido en el laboratorio en el que empezar a comprobar si resulta viable la legalización de algunas drogas en el contexto latinoamericano. Y es que la pequeña república de la orilla norte del Río de la Plata se convirtió el pasado mes de mayo en el primer país del mundo en aprobar una regulación completa del cannabis. Impulsado por movimientos sociales en comunión con el Gobierno del Frente Amplio, la ley uruguaya pone en manos del Estado la producción, distribución y venta de marihuana; todo un experimento, según defiende el propio presidente del país, José Mujica.

El modelo uruguayo cuenta con tres ejes, que son el uso recreativo de la marihuana, la aplicación medicinal del cannabis y la industria del cáñamo. Pese a que las dos últimas patas están todavía pendientes de desarrollo –previsto para los próximos meses–, ha sido sin duda alguna la del uso recreativo la que más eco ha conseguido.

Concretamente, serán tres las formas de acceso a la marihuana: el autocultivo doméstico, en el que se permitirán seis plantas por hogar, los clubes de cannabis, que podrán tener entre 15 y 45 miembros, y las farmacias, en las que el usuario podrá comprar hasta 40 gramos de marihuana al mes. Las tres vías de acceso al cannabis quedarán bajo el paraguas del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

Bajo control de este Instituto, cuya puesta en marcha se calcula hacia el próximo mes de noviembre, quedarán también aspectos cruciales como el registro de usuarios y las licencias de producción. El primero será un registro en el que el usuario tendrá que dar sus datos para poder comprar en las farmacias autorizadas. En cuanto a la producción a gran escala, se prevé que, para empezar, el IRCCA otorgue, a través de concurso público, unas seis licencias, que serán las encargadas de producir las cerca de 20 toneladas que se calcula que se consumen al año en Uruguay. Hablamos de un país de algo más de tres millones de habitantes en el que, según las encuestas oficiales, son unos 20.000 los usuarios que consumen cannabis a diario y 120.000 los que lo hacen al menos una vez al mes.

Finalmente, el IRCCA será también el responsable de un aspecto clave de la regulación, entendida esta como estrategia para frenar los pies al narcotráfico. No es otra cosa que el precio de venta –así como el precio que se paga al productor–. Para comenzar, el precio del gramo de marihuana se situará en torno a un dólar, que es el precio que acostumbra a encontrarse en lo que en Uruguay llaman las ‘bocas’ –puntos de venta ilegal de droga–. Se espera que la marihuana legal será de mayor calidad que el habitual ‘prensado’ que se encuentra en las mencionadas ‘bocas’ –donde el cogollo es mezclado con semillas y hojas de la planta–, por lo que fijando el mismo precio que en el mercado negro, las autoridades esperan comerle poco a poco cuota de mercado al narcotráfico, que al fin y al cabo es, en términos prácticos, el principal objetivo de la iniciativa reguladora.