El resultado que el próximo 18 de setiembre salga de las urnas será importante para el futuro de los servicios públicos de Escocia, pero esencial en los que a la salud se refiere. Si el unionismo se impone, los recortes que ya están acabando con el sistema público sanitario inglés no tardarían en llegar a Escocia.

El Gobierno británico tiene un método particular para encajar sus presupuestos: la fórmula Barnett. Se trata de un mecanismo usado por el Tesoro del Reino Unido para ajustar los importes de los gastos públicos asignados al Norte de Irlanda, Escocia y Gales automáticamente, de modo que si Londres decide poner más dinero para servicios públicos, Escocia cuenta con más recursos.

Sin embargo, la realidad es que son ya muchos los años en que esta partida se ha ido recortando. Desde 2010, Westminster ha restado un 7,2% de las subvenciones, ejerciendo una verdadera presión sobre los servicios públicos del norte de la isla. Durante muchos años los escoceses han votado por gastar más dinero en ello, pero no tienen voz ni voto en la partida que les llega. Business for Scotland, grupo de empresarios a favor de la independencia, tilda el sistema de «camisa de fuerza fiscal».

A partir de una decisión del Gobierno escocés, la subvención global para la salud no se ha recortado por encima de ese 7,2%. Se ha optado por mantener el aumento de los gastos de salud de primera necesidad. Pero el presupuesto para Escocia está en peligro si el voto negativo se impusiese en el referéndum. Y esto se debe, en gran parte, a la Ley de Salud y Asistencia Social aprobada en 2012.

Esta norma abre la puerta a las empresas privadas de licitación para contratar los servicios de salud al sur de la frontera. Al mismo tiempo, elimina la responsabilidad legal del Gobierno sobre el cuidado de la salud, entregándosela a los agentes de puesta en servicio privados. Queda claro que el marco se ha establecido para favorecer la privatización del Servicio Nacional de Salud (NHS) en Inglaterra.

Las empresas privadas pueden ahora realizar ofertas para los contratos de salud que han sido previamente entregados al NHS, y al norte de la isla entienden que estos responderán haciendo una oferta inferior a los fideicomisos y los órganos locales del servicio público de salud. Lo que Westminster consigue de esta forma es recortar presupuesto. De hecho, se ha comprometido a reducir el gasto sanitario en Inglaterra en 1,1 millones de libras al año. En un corto período de tiempo esto ha dado lugar a miles de millones de libras para compañías como Virgin Health, Circle y Serco.

Todo este montante económico lo pagará el ciudadano, defiende Harry Burns. Quien fuera director general de Salud para Escocia entre 2005 y abril de este año señala por tanto que «la independencia es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas».

Privatización como salvación

Mientras los servicios sanitarios están siendo administrados por empresas privadas a un costo reducido, lo que el Gobierno del Reino Unido gasta en salud disminuye. Y por tanto, Westminster recortará proporcionalmente el presupuesto para Escocia. Del mismo modo, si una empresa privada gana un contrato para un tratamiento, a menudo también pasa a funcionar en la instalación anterior del NHS. El independentismo defiende que esas instalaciones, que han sido pagadas por el contribuyente, han caído a manos de empresas privadas.

Un informe reciente de Nuffield Trust estima que dentro de diez el NHS en Inglaterra ya no será gratuito. De hecho, ya está dejando de prestar los servicios más complejos y caros.

En el sector trabaja John Corbett, nacido en Irlanda pero afincado hace años en Edimburgo, donde tiene varias residencias para gente mayor: «A mí y a mi negocio la privatización nos podría traer beneficio económico», admite, pero añade que «la independencia busca construir una sociedad mejor para todos, y evidentemente un servicio de salud público y de calidad es parte de ello». Por ello, y pese a la renta que podría sacar, Corbett participa en la campaña como miembro de Business for Scotland.

Acuerdo TTIP

Las políticas de Westminster están dirigidas a la creación de un modelo estadounidense, mediante recortes y privatización. Al mismo tiempo que todo esto está pasando, la Unión Europea y EEUU están negociando un acuerdo internacional de comercio que afectaría al caso, permitiendo a las empresas estadounidenses pujar por los servicios en áreas clave en el mercado de la UE. El acuerdo se conoce como TTIP (Comercio y Sociedad de Inversión Transatlántica). Esto significa que las empresas de salud estadounidenses podrían entrar cómodamente en el mercado sanitario que se está construyendo en el Reino Unido.

La devolución de poderes de 1999 ha protegido hasta ahora al NHS de Escocia huir de la privatización, pero los cargos por los servicios de NHS-Inglaterra llevarían a una crisis financiera al presupuesto escocés. Westminster ya ha anunciado 5.000 millones de recortes en los próximos dos años.

La cirujana Philippa Whitford asegura que si continúan por este camino, Escocia no soportará los recortes: «En cinco años Inglaterra no tendrá NHS, y en diez años, si votamos no, tampoco lo habrá aquí», afirma quien lleva 32 años trabajando en el servicio público. De la misma opinión es Andy Burnham, secretario para la Salud del Partido Laborista, que advirtió de que el sistema público no durará ni un lustro al sur de la isla.

A diferencia de sus homólogos en Londres, la cantidad destinada por el NHS-Escocia a la participación del sector privado en 2012-13 fue de 80 millones de libras, que es menos del 1% de la cantidad total gastada en Escocia en servicios sanitarios.

El doctor Willie Wilson, portavoz del grupo NHS for Yes, advierte de que la campaña unionista está tratando de encubrir estas consecuencias: «Están diciendo que todo va a estar bien, mientras que sus colegas en Inglaterra y Gales están hablando de un servicio de salud al borde del abismo», recuerda.