«No hay resultados para nosotros», ha afirmado Melitón Ortega, uno de los padres de los estudiantes desaparecidos el 26 de setiembre en Iguala, tras un encuentro de casi seis horas con el mandatario en la residencia oficial de Los Pinos.

Los compromisos de Peña Nieto «no son suficientes»; lo único significativo será cuando «nos entreguen a todos nuestros hijos», ha señalado en una rueda de prensa que ha comenzado con el grito «Vivos se los llevaron, vivos los queremos».

En tanto, Felipe de Jesús de la Cruz ha asegurado que no confían en el Gobierno ni en el trabajo que está realizando. «El sufrimiento no se negocia», «la vida de nuestros hijos no tiene precio», ha apuntado tras insistir en que lo que quieren es su retorno a casa.

«Estamos seguros de que están vivos», ha asegurado el portavoz de los familiares, quien ha añadido que si el Gobierno «no se cree competente» para darles resultados, entonces debería intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la búsqueda de sus hijos.

Ha aludido al «infierno» que han vivido los progenitores desde hace más de un mes y ha reiterado que esperarán las pruebas genéticas practicadas por forenses argentinos a los cuerpos encontrados en fosas, pues para ellos «no son confiables» los resultados de la fiscalía nacional.

Mientras no haya resultados de los expertos argentinos, la búsqueda tiene que seguir, ha insistido De la Cruz, quien ha lamentado que el Gobierno haya invitado a los medios de comunicación a un vertedero de basura donde se presume estarían los restos de los jóvenes sin haberles avisado antes a los familiares.

Por su parte, el abogado Vidulfo Rosales, que representa a las familias, ha indicado que habían pedido a Peña Nieto no criminalizar a los estudiantes y que se reorienten las líneas de investigación.

En un mensaje a los medios de comunicación al término de la reunión con los familiares, Peña Nieto ha anunciado una serie de compromisos, entre ellos el de «fortalecer los esfuerzos de localización con un plan renovado de búsqueda».

También ha anunciado la creación de una comisión mixta de seguimiento e información «con el propósito de mantenerlos informados cotidianamente del curso de las investigaciones» y atención integral a las familias de las seis personas que murieron el 26 de setiembre y las 25 que resultaron heridas.

Esa noche policías atacaron a tiros a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa presuntamente por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, hoy en paradero desconocido.

Además, de acuerdo con la investigación, los policías detuvieron a 43 estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos.