El ministerio público presentó la querella contra Camps, Johnson y Aspar ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a última hora de ayer, por dirigirse contra una persona que es diputada –Camps– y, por tanto, aforada, con lo que éste sería el organismo competente para instruir, en su caso, la investigación.

En concreto, el fiscal encargado de la investigación estima que con la operación de la compra de Valmor se pudo haber incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario, con lo que se ha querellado contra Camps, Johnson y Aspar y solicita que se les llame a declarar como imputados.

El ministerio público ha descartado inicialmente dirigir su querella también contra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que fue el que firmó la compra de Valmor, al estimar que las supuestas irregularidades se cometieron durante la confección y firma del aval, en un momento en el que la Presidencia del Consell la ocupaba Francisco Camps.

Así, las supuestas irregularidades se ceñirían a la confección que se hizo desde el Gobierno valenciano de Camps para que la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva adquiriese la totalidad de las participaciones sociales de Valmor para organizar el evento deportivo por un precio simbólico de un euro –cuando la empresa privada arrastraba una deuda de más de 34 millones de euros, según la oposición– y con una cláusula que impedía exigir responsabilidades a los empresarios de Valmor.

Cuestión de «susto o muerte»

El Gobierno valenciano ha defendido que la compra de la empresa Valmor se hizo «por responsabilidad» al estar «en juego» 54 millones de euros por el pago del canon de la carrera más la indemnización si no se celebraba la prueba.

En estos términos ha justificado la portavoz del Gobierno valenciano, María José Catalá, la compra de Valmor por un euro y la asunción de una deuda de 34 millones, después de que se haya conocido que el fiscal anticorrupción ha presentado una querella contra el expresident Francisco Camps.

Catalá ha pedido que se valore el esfuerzo realizado por el Gobierno valenciano para que no se siguieran celebrando más carreras del Gran Premio de Fórmula Uno, y ha reiterado, recordando unas declaraciones del conseller de Hacienda al respecto, que la compra de Valmor era una cuestión de «susto o muerte».