«Alguna amiga me dejará una habitación. No voy a dormir en la calle después de la 'quimio'». Así se expresaba una de las afectadas por el desalojo del edificio ocupado ubicado en la ronda de Toledo 98, en el barrio de La Latina, en Madrid. Prefiere no dar su identidad, no vaya a ser que, además de los problemas que sufre, al Ayuntamiento se le ocurra denunciarle. Está enferma de cáncer y el viernes tiene que seguir el tratamiento. LLegó a La Cava «desde el principio», como única alternativa tras cuatro años padeciendo la enfermedad. Perdió el trabajo, se le acabó el paro y ahora solo recibe la renta mínima de 325 euros. Hoy se ha visto en la calle junto a otras 40 personas que residían en el inmueble desde el mes de mayo. Otra de las afectadas padece de corazón y necesita un transplante. Es decir, que no es tan fácil encontrar un lugar en el que pueda resguardarse. La operación policial, iniciada a mediodía, ha dejado sin lugar donde vivir a varias familias a las que no les había quedado otro remedio que dar una patada en la puerta. 

«He bajado y, cuando volvía a casa, he visto los furgones. En cinco minutos ya estaban con un soplete y avisando que me apartase, que iban a tirar la puerta y me iba a hacer daño», decía esta mujer, frente al cordón policial instalado en la calle La Sierpe, adyacente a la ronda de Toledo y donde se había instalado un cordón policial. A lo lejos, entre las furgonetas azules y los antidisturbios, se veían los enseres de las familias. Algunos han podido ser recogidos, pero no es fácil llevarte en tres minutos tu vida en el último año. Según los testimonios de las personas que se encontraban dentro, los agentes han irrumpido reventando la puerta y argumentando que no les habían abierto. «No es cierto», denuncian. Posteriormente, los policías, con el rostro cubierto, han ido puerta por puerta sacando a cada una de las personas que se encontraba en el inmueble. «Estaban contando chistes, haciéndose bromas entre ellos», argumenta la mujer. Los residentes, temiendo hasta dónde puede llegar la Policía y con el antecendente del deshaucio de Ofelia Nieto 29 demasiado reciente, han mantenido la calma. 

«Estas personas no tienen un sitio a dónde ir», denunciaba una activista en el exterior. «Han agotado todas las vías para resolver su problema habitacional», insistía. Es decir, que al margen de soluciones de última hora, la única alternativa es volver a ocupar. De la administración lo único que han recibido es la orden de desalojo, firmada por el juzgado número 22 de Madrid. Al parecer, una persona ha resultado detenida y, por el momento, los vecinos permanecen en las inmediaciones del edificio, que sigue con fuerte presencia policial. Los habitantes, que han salido con lo puesto, han sido conminados a acudir a los juzgados para recoger el resto.