Los siete representantes de EH Bildu en el consejo de administración de Kutxa presentaron el 31 de enero de 2013 una demanda solicitando la nulidad de los acuerdos que adoptó el consejo de administración de la Caja guipuzcoana el 21 de noviembre de 2012, y que supusieron la renovación de Iturbe al frente de la entidad.

El expresidente de Kutxa y ahora presidente de la fundación bancaria del mismo nombre fue reelegido gracias al voto de calidad del socialista Jacinto Hernando, designado presidente del consejo por ser el de mayor edad, tras el empate entre Iturbe y el candidato de EH Bildu, Antton Izagirre.

Previamente, Iturbe había propuesto como representante de las entidades sociales en el consejo de Kutxa a Javier Barace, de DYA, después de que la comisión electoral anulara otra candidatura , avalada por Bildu y liderada por el presidente de Kontseilua Paul Bilbao, al incumplir el suplente Xabier Irazusta (Alcer) el requisito de los estatutos de Kutxa de no superar los 70 años de edad.

En su declaración, Iturbe ha asegurado que una vez invalidada la citada candidatura la secretaria de Kutxa le comunicó que «por Ley» le correspondía elegir a un representante de las entidades sociales, por lo que pidió los currículos a los representantes de DYA, Kontseilua, SOS Racismo y Aranzadi, y eligió al de la primera entidad.

Ha argumentado que a su juicio era el que tenía «más experiencia» para el cargo al haber «trabajado en labor social». En cuanto a la designación de Hernando como presidente del Consejo, ha indicado que «según los estatutos debía designarse al de mayor edad y así se votó».

La secretaria de Kutxa, Rosa María Fátima Leal, ha defendido estas decisiones y ha señalado que la comisión electoral anuló la candidatura liderada por Bilbao conforme a lo recogido en los estatutos de la Caja. Además, ha señalado que la misma no podría haberse votado en la asamblea del día 21, como solicitó la representante de EH Bildu Ainhoa Beola, porque «no está permitido en los estatutos votar una lista invalidada por la comisión electoral».

«Por un rumor»

Xabier Irazusta, suplente de Paul Bilbao, ha denunciado que en ningún momento se le comunicó que no cumpliera los requisitos para ser consejero de Kutxa, ni tampoco se le notificó la anulación de la candidatura, lo cual conoció «por un rumor».

Jone Etxeberria, exrepresentante del Ayuntamiento de Donostia en la Asamblea de Kutxa, ha señalado que la caja debería haber pedido a Alcer –Asociación de Enfermos Renales de Gipuzkoa– que nombrara a otro suplente, permitiendo la «subsanación» del error en lugar de «poner obstáculos» para su presencia.

El abogado de los demandantes, Oscar Padura, ha argumentado que se produjeron «irregularidades» en el consejo de administración de Kutxa que deberían llevar «a la nulidad de pleno derecho» de los acuerdos adoptados por el mismo el 21 de noviembre de 2012 y posteriormente.

También ha criticado que la comisión electoral procedió a una interpretación «no ajustada a derecho» de los estatutos de Kutxa y la Ley vasca de Cajas y «conculcó» el derecho «de transparencia», al tiempo que «impidió» la participación de la representación social en este órgano. Ello causó, según ha afirmado, «un perjuicio a la sociedad y una lesión de los intereses generales en beneficio de los de terceros y la actual dirección» de Kutxabank, ya que, además, ha habido reuniones del consejo «en las que la representación de las entidades sociales ha quedado sin cubrir».

El letrado de Kutxa, Joanes Labayen, ha señalado que el plazo para recurrir las decisiones del consejo de Kutxa es de 40 días naturales, mientras que EH Bildu presentó su demanda el 31 de enero de 2013, por lo que estaría fuera de plazo.

También ha indicado que los estatutos de Kutxa no recogen que pueda darse una «subsanación» en el proceso de elección del consejo, ni en las candidaturas, como tampoco que el presidente tenga «facultad de decidir que se vote o no» en la asamblea una candidatura anulada por la comisión electoral.

En su opinión, se ha tratado «de buscar donde no hay» atribuyendo «una intencionalidad» a las decisiones adoptadas, extremo que ha negado porque «lo que se hizo fue cumplir los estatutos» de Kutxa.

Concentración en el exterior

Mientras se celebraba la vista, en el exterior representantes de agentes sociales como IRPH Stop o Stop Desahucios, del sindicato LAB y de EH Bildu se han concentrado por una Kutxa «pública y social».

En declaraciones a los medios, Ainhoa Beola ha acusado a Iturbe de hacer «una lectura totalmente torticera de los estatutos» con el objetivo de «propiciar un proceso privatizador de la Kutxa y de Kutxabank», ya que PNV, PSE y PP acordaron «tener las mayorías suficientes en el consejo de administración para poder nombrar nuevamente como presidente a Iturbe» y que él «liderase el proceso privatizador» de la caja.

«El tiempo nos ha dado la razón en cuanto a aquello que iba a ocurrir, un proceso privatizador, que no tenemos dudas de que se puede revertir porque así lo necesita Gipuzkoa, una entidad pública y social», ha indicado.