La Asamblea Nacional francesa ha aprobado por una amplia mayoría el proyecto de ley que reformaría la Constitución para incluir en ella el estado de emergencia y la posibilidad de despojar de la nacionalidad a los condenados por «delitos graves contra la nación».

En la votación de la Cámara Baja, 317 diputados han votado a favor y 199 en contra, mientras que 51 se han abstenido. Ahora la llevará al Senado en primera lectura.

La revisión de la Constitución ha causado serias grietas en el seno del gubernamental Partido Socialista, pero también en las del mayor partido de la oposición, Los Republicanos, muchos de cuyos diputados se oponen a estas medidas. De hecho, la exministra de Justicia Christiane Taubira dimitió por sus discrepancias con la reforma.

La pieza legislativa se compone de dos puntos: el primero se añade al artículo 36 de la Carta Magna para introducir en ella las condiciones en que podrá decretarse el estado de emergencia en el Estado francés, actualmente en vigor y en proceso de ser prorrogado tres meses.

El segundo epígrafe, el más polémico, enmienda un párrafo del artículo 34 de la Constitución para determinar que «la ley fija las reglas sobre las condiciones bajo las cuales una persona podrá ser despojada de la nacionalidad francesa cuando sea condenada por un delito que constituya un ataque grave contra la vida de la nación».

En una primera reacción, el primer ministro francés, Manuel Valls, que ha defendido vehementemente la reforma, ha asegurado estar «satisfecho» por el voto.