Peña ha protagonizado una larga comparecencia de casi tres horas en las Juntas Generales para informar sobre las irregularidades detectadas en la construcción de la lonja de Pasaia, cuya obra principal arrastra un sobrecoste de más de 5 millones de euros que está siendo investigado judicialmente.

El presidente de la APP ha detallado que el proyecto original se adjudicó en 14.973.000 euros, a los que posteriormente se han ido sumando 1.470.227 euros correspondientes a un modificado tramitado correctamente y 616.498 euros del proyecto complementario número 1, que también se hizo conforme a la ley.

A partir de aquí, las obras continuaron sin tramitación y sin ejecución presupuestaria –las dos principales irregularidades detectadas– por valor de 1.407.000 euros, una cantidad que reclama la UTE adjudicataria y que ahora se está tramitando en un expediente de reclamación patrimonial.

Además, hay una serie de trabajos ejecutados por valor de 157.659 euros que se llevaron a cabo sin autorización de ningún tipo, y que se encuentran «en una especie de limbo» porque aún no se sabe cómo se van a regularizar. Peña ha calculado que, al liquidar la obra, también quedará pendiente abonar 1.498.000 euros, una cantidad amparada por el 10% de incremento que permite la ley en las liquidaciones de obra pública.

Sin embargo, Peña ha dicho que la lonja «va a costar muchísimo más», en torno a los 26 millones, debido a otros gastos no contemplados en el proyecto original, como la propia redacción del proyecto, la habilitación del edificio cabecera, la asesoría técnica o los gastos derivados de que la explotación de la lonja quedara desierta. Y queda pendiente la urbanización del entorno, que Peña ha anunciado que no acometerá la Autoridad Portuaria.

«Proyecto manifiestamente mejorable»

A la luz de todos estos datos, Peña ha asegurado que el proyecto original de la lonja de Pasaia era «manifiestamente mejorable», al igual que el «sistema de control de gasto», sobre el que ha recomendado una «revisión a fondo», ya que no cuenta con «medios óptimos».

En toda su declaración se han deslizado reproches hacia la actuación del director de obra, que ejerció el jefe del Departamento de Infraestructuras, David Candelario Iparragirre, a quien se le abrió un expediente disciplinario primero y se le destituyó después. «Podría hablar mucho del director facultativo, pero no lo voy a hacer. Está expedientado y va a ser un elemento importante en el proceso de judicialización», ha manifestado Peña.

Peña ha añadido que el director de obra «tiene un gran desconocimiento de lo que es la ley de contratos de la administración pública» y ha cometido «errores de base». Entre ellos, «descertificar» unidades de obra que habían sido previamente certificadas y que pensaba incluir en un proyecto complementario que debería haber tramitado antes de autorizar dichos trabajos, un hecho del que también ha responsabilizado al exdirector del puerto, el destituido Gregorio Irigoyen.

Respecto a su propia responsabilidad, ha asegurado que ha sido él quien ha «tirado de la manta» y ha eludido «mirar a otro lado» cuando detectó las irregularidades.

Críticas a la abogada del Estado

El director de la APP ha revelado que la abogada jefe del Estado en la CAV, Macarena Olona, prestó declaración durante seis horas ante la Fiscalía para informar sobre las irregularidades detectadas en las construcción de la lonja.

Olona fue quien, en contra del criterio expresado por el consejo de administración, informó de las irregularidades ante la Fiscalía, en una decisión «unilateral» cuyas causas no han sido explicadas por la letrada y que se contrapone con la posición adoptada por Puertos del Estado.

Peña ha asegurado que en una semana Olona pasó de proponer un acuerdo en el consejo de administración para esperar al resultado de las auditorías antes de acudir al Ministerio Fiscal a modificar su opinión y proponer la celebración de un consejo extraordinario para aprobar la puesta a disposición de la Fiscalía de todos los informes sobre las irregularidades.

El presidente reclamó a Olona que explicara los motivos de su cambio de criterio y le encargó un informe sobre los indicios de delito que observaba en este asunto, un requerimiento que no ha sido respondido.

«Hemos colaborado durante tres años, es una mujer brillante, muy preparada, pero para nosotros ha sido sorprendente que en un plazo de una semana haya cambiado de criterio» y haya actuado «en contra de las determinaciones de quien la nombró vocal» en el consejo de Administración, en alusión a Puertos del Estado.

La denuncia que Olona presentó ante la Fiscalía ha finalizado en manos de un juez de instrucción de Donostia, al que el Ministerio Público ha pedido que investigue la posible comisión de seis delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa, cohecho y exacciones ilegales en negociaciones prohibidas.

EH Bildu y Podemos

Tras las comparecencias de la diputada foral Marisol Garmendia y de Ricardo Peña, los dos principales grupos de la oposición en Gipuzkoa –EH Bildu y Podemos– han emitido sendas notas en las que muestran su alarma ante la «falta de transparencia» en torno a este proyecto.

«Las explicaciones de la diputada Marisol Garmendia han sido insuficientes, puesto que, a pesar de admitir que conocía los hechos desde diciembre, no ha aclarado por qué los silenció, ni por qué votó en contra de trasladar a la Fiscalía los indicios de delito. Igualmente, la comparecencia del presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Peña, ha sido muy preocupante, puesto que ha tratado de minimizar las irregularidades, que conoce desde 2014, y no ha asumido ningún tipo de responsabilidad pese a ser el máximo responsable político de la Autoridad Portuaria», ha resumido EH Bildu.

La coalición ha anunciado nuevas iniciativas para tratar de esclarecer lo ocurrido, y en este sentido ha solicitado la comparecencia del ex director de la APP y ha realizado por escrito una solicitud de información para obtener los informes jurídicos de la Diputación al respecto.

Patricia Gete, juntera de Podemos, ha recalcado que «lo más preocupante es que sabiendo la gravedad de la desviación y conociendo las advertencias de la asesora jurídica del consejo, que es abogada del Estado, tanto la Diputación, como el Puerto y el Gobierno Vasco decidieran no informar sobre esta cuestión, en la que la Fiscalía aprecia indicios de hasta seis presuntos delitos».