En una comparecencia ante las Juntas Generales de Gipuzkoa, Garmendia ha explicado la postura adoptada como integrante del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria en relación a las obras de la lonja de Pasaia, donde se han denunciado presuntas irregularidades que han provocado un desfase presupuestario de al menos cinco millones de euros y en las que, según las auditorías de Puerto del Estado, se ejecutaron trabajos sin autorización previa ni consignación presupuestaria.

La diputada ha subrayado que no tiene «ninguna responsabilidad» en la gestión de las obras ni es cómplice de ninguna decisión que causara las presuntas irregularidades. Marisol Garmendia, que ocupa como representante foral un puesto entre los 15 miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, ha dicho que ha actuado en todo momento informando de la situación al Consejo de Gobierno de la Diputación y con el respaldo del Consejo de Gobierno en base a los criterios de los servicios jurídicos forales.

«No tengo nada que ver con los hechos que aquí se tratan, en relación a la ejecución y gestión de las obras de construcción de la Lonja de Pasaia. Nada que ver, insisto. Ninguna responsabilidad ni yo ni el Gobierno Foral integrado por PNV-PSE», ha manifestado Garmendia, quien ha añadido que tampoco tiene «nada que ocultar, nada que tapar ni nada que encubrir».

La diputada ha recordado que, desde el primer momento en que tuvo conocimiento de las irregularidades, que fue en el Consejo del 17 de diciembre de 2015, expresó tal y como se recoge oficialmente en el acta de la sesión su «profunda preocupación» por la gestión, señalando que «no se ha actuado con la diligencia que corresponde a toda administración pública» y que este era un «asunto importante que no se puede dejar pasar como si no hubiera ocurrido nada» y finalizó exigiendo como «institución presente en el Consejo que se depuren las responsabilidades de todo tipo».

Ha explicado que en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia del 10 de marzo se acordó por unanimidad aceptar el ofrecimiento de Puertos del Estado de realizar una auditoría integral –técnica, legal y económico-financiera– y esperar al resultado de la misma para valorar «si existen motivos que hagan necesario poner estos hechos en conocimiento de la autoridad judicial».

«Ni esta Diputación ni este Consejo de Administración –ha señalado– están mirando para otro lado ni cerrando ninguna puerta. Esperaremos a las conclusiones de la auditoría que está realizando Puertos del Estado para adoptar la decisión final de ir o no a los tribunales con las máximas garantías posibles».