NAIZ

Lakua emplaza al Gobierno español a colaborar con la Ley de Víctimas de la Violencia del Estado

Jonan Fernández, secretario general de Paz y Convivencia de Lakua ha señalado que el Gobierno de Madrid tiene «una parte de responsabilidad muy importante» en el reconocimiento de las víctimas de la violencia del Estado, por lo que le ha emplazado a «colaborar» con la ley aprobada hoy en el Parlamento de Gasteiz.

El Parlamento de Gasteiz ha aprobado la Ley de Víctimas de la Violencia del Estado. (Juanan RUIZ / ARGAZKI PRESS)
El Parlamento de Gasteiz ha aprobado la Ley de Víctimas de la Violencia del Estado. (Juanan RUIZ / ARGAZKI PRESS)

El secretario general de Paz y Convivencia de Lakua, Jonan Fernández, ha emplazado al Gobierno español a «colaborar» en el desarrollo de la Ley de Víctimas de la Violencia del Estado, ya que tiene «una parte de responsabilidad muy importante» en el reconocimiento de este colectivo.

La Ley ha recibido el visto bueno del pleno de la Cámara de Gasteiz con el apoyo del PNV y el PSE, la abstención de EH Bildu y el voto en contra de PP y UPyD.

El Gobierno español ya advirtió de que podría recurrir la norma. Fernández, en respuesta a las críticas del PP sobre la supuesta «falta de seguridad jurídica» del texto, ha asegurado que el problema responde a la posición de quienes «teniendo resortes de poder, no quieren que estas víctimas sean reconocidas».

Por otra parte, Fernández ha asegurado que el texto aprobado por la Cámara de Gasteiz responde a un «principio ético» y que, aunque «no es el primer ni el último paso», sí constituye «un avance importante» a la hora de reparar a estas personas.

Además, ha asegurado que la seguridad jurídica de la Ley ha sido «acreditada por expertos imparciales de alto nivel». Fernández, no obstante, ha reconocido que el camino iniciado con el texto «no estará exento de dificultades».

A su juicio, las medidas aprobadas por el Parlamento responden al compromiso con «la igualdad y la no discriminación» entre unas y otras víctimas. Fernández, asimismo, ha confiado en que la ley contribuya a la «normalización de la convivencia».