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Lakua indica que desvincular la RGI del SMI puede ser «una alternativa» a barajar

La consejera autonómica de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha defendido la propuesta de incrementar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en 2017 en función del Indice de Precios al Consumo (IPC) por «realismo, responsabilidad y sostenibilidad del sistema», y ha asegurado que desvincular esta prestación del Salario Mínimo Interpresional puede ser una «alternativa» que tendrá que «barajar» su Departamento cuando se revise el modelo.

Josu Erkoreka y Beatriz Artolazabal, en su comparecencia de este martes. (Juanan RUIZ / ARGAZKI PRESS)
Josu Erkoreka y Beatriz Artolazabal, en su comparecencia de este martes. (Juanan RUIZ / ARGAZKI PRESS)

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera se ha referido a la polémica suscitada después de que Lakua haya decidido incluir en la Ley de Presupuestos para 2017 su propuesta para incrementar la RGI un 1,5% (el IPC) y no el 8% con el que el Gobierno español ha incrementado el Salario Mínimo Interprofesional, al que está vinculada.

Según ha manifestado, la subida planteada no implica «en ningún caso, ningún recorte», porque garantiza mantener el poder adquisitivo de las alrededor de 64.000 unidades convivenciales de perceptores de la RGI.

Artolazabal ha indicado que el Ejecutivo trata de «armonizar dos objetivos», por una parte, la de garantizar una RGI a todas las personas que la necesitan para «mantener unas condiciones dignas» y, por otra parte, primar las oportunidades de inserción laboral, de manera que este aumento no va a provocar «desigualdades» con personas que estén trabajando.

Según ha manifestado, para responder al primer objetivo, se ha decidido actualizar la RGI «atendiendo al coste de la vida, el IPC», mientras quede cara al segundo objetivo se van a destinar recursos económicos para favorecer programas de inserción laboral para evitar la cronificación del desempleo.

Artolazabal ha indicado que hay un compromiso de presentar en el Parlamento de Gasteiz, en un plazo de cinco meses, una propuesta integral de RGI que «resulte sostenible y eficaz».

Preguntada por si esa propuesta planteará desvincular la RGI del SMI, ha contestado que es una decisión que tiene que «barajar» su Departamento y ha detallado que el informe jurídico realizado por Lanbide «respalda la decisión que ha sido adoptada por el Gobierno vasco en su conjunto que atiende a los principios de realismo, responsabilidad y sostenibilidad del sistema».

La consejera ha recordado que la norma que regula la RGI se aprobó en 2008, pero ha señalado que ahora se está en otro momento y que es posible hacer una «revisión profunda» de la misma. También ha destacado que la única renta de garantía en el Estado vinculada al SMI es la de la CAV, y ha señalado que, en su opinión, puede ser una «alternativa» desvincular ambas cantidades.

Nafarroa

Artolazabal ha hecho referencia al caso de Nafarroa, donde según ha explicado desligó la ayuda del SMI en el año 2015 y estableció su actualización en función del IPC o del salario medio. «Uno de los dos indicadores, el más alto, es el que eligen a la hora de actualizar la Renta Garantizada en Navarra».

Ha apuntado que un incremento del 8% de la RGI tendría un impacto de 30 y 41 millones de euros, y ha defendido que «la presencia de la persona en el mundo del trabajo ha de suponer una mejor posición que la permanencia en la prestación».

Ha insistido en que la RGI «no es una prestación de naturaleza laboral, ya que su objetivo es cubrir las necesidades de las personas que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a los gastos asociados a las necesidades básicas en un proceso de inclusión laboral y social».