En concreto, la oposición aprecia conflictos que pueden llevar a la presentación de recursos de inconstitucionalidad, mientras que los impulsores de la iniciativa, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, consideran que, salvo en algún punto concreto que se puede solventar con facilidad, el dictamen no duda de la legalidad de su proyecto.

Sus posturas han sido expuestas en declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y la Junta de Portavoces en la que se han dado por enterados del citado informe.

«Contento» con el dictamen se ha mostrado Koldo Martínez, Geroa Bai, quien ha acogido con satisfacción el informe cuyas recomendaciones, según ha dicho, serán recogidas en la Ponencia.
Ha comentado que el informe no ve colisión con funciones de otras instituciones, lo que hace es sugerir «mejoras» y en ese sentido cita puntos en los que «habría que ser más exquisitos».

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que, salvo en el punto que propone sancionar a las personas que no colaboren en la investigación que dice que podría ir contra el derecho a no declarar contra uno mismo, el dictamen recoge la legalidad del proyecto en materia sancionadora y de delimitación de competencias.

En su opinión se trata de una aportación interesante que se va a llevar al seno de la ponencia, tras lo que ha remarcado que en el texto se pone de manifiesto que esta iniciativa no es algo que se les ocurrió «a última hora» a las fuerzas que apoyan al Gobierno navarro, sino que propuestas similares hay en otros territorios, así como que «no suscita ninguna cuestión de ilegalidad».

Como «muy exhaustivo y muy oportuno» lo ha considerado Laura Pérez, Podemos, quien ha dicho que se queda más que con posibles cuestiones inconstitucionalidad que «son fácilmente solventables» con que no colisiona con la normativa de protección de datos, ni con las funciones de la Cámara de Comptos, ni hay un problema de adecuación a las leyes.

En un sentido similar, José Miguel Nuin, I-E, ha sostenido que el informe no cuestiona la Oficina, sino que hace «observaciones para delimitar bien el ámbito de actuación de competencia con otras instituciones». Después de apuntar que es un «buen material de trabajo para que salga la mejor proposición de ley posible», ha señalado que están abiertos a hacer los cambios necesarios para tener una «herramienta eficaz, útil, austera y que funcione bien».

El portavoz adjunto de UPN Carlos García Adanero ha dicho que espera que «impere el sentido común» y se cumpla con la constitucionalidad, tras lo que ha señalado que «con el informe en la mano, queda claro que no se cumple».

En este contexto ha indicado que se puede «intentar corregir o no hacer caso, dejar que la ley siga adelante y que se presente un recurso» y luego «quejarse de que se ataca el autogobierno».

Por el PSN, María Chivite ha reiterado su apoyo a la creación de la Oficina, pero ha pedido que se subsanen las deficiencias advertidas para evitar posibles recursos del Tribunal Constitucional.
En concreto, ha considerado necesario aclarar las competencias y funciones de la citada Oficina, una deficiencia de la que ha responsabilizado al cuatripartito, por presentar iniciativas legislativas cuando debería ser el Gobierno de Nafarroa quien las impulse, avaladas por los oportunos informes legales.

Para la portavoz del PPN, Ana Beltrán, el informe era «necesario», ya que la oficina puede tener su razón de ser, aunque ellos nunca la han visto «muy clara». Ha apuntado que ya sospechaban que podía tener «algunos puntos inconstitucionales, como ha dejado en evidencia el dictamen», en alusión entre otras cuestiones a la posible vulneración del derecho a no declarar contra uno mismo o la protección de datos.

Además ha dicho que «sorprende» que el dictamen diga que algunos aspectos de la Oficina «pueden resultar inquisitoriales».