«Hemos tratado de poner encima de la mesa las distintas opciones, pero muchas de ellas tienen dificultades jurídicas», ha afirmado en respuesta al portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, quien en la sesión plenaria había preguntado por dicho informe, el cual había quedado suspendido hacía aproximadamente cuatro meses.

Tras aclarar que la Administración no cuenta con competencias para hacer el estudio y que habría que «sacarlo fuera», ha explicado que los Servicios Jurídicos del Ejecutivo señalaron que es «prácticamente imposible» utilizar una «fórmula distinta a un contrato» cuando lo que se pretende «es algo que podría ser objeto un contrato».

Entre las alternativas planteadas, ha relatado que se valoró la posibilidad de solicitar la Universidad Pública la realización de dicho informe, algo calificado como «imposible» por parte de los Servicios Jurídicos.

Según ha añadido, también se estudió incluir la elaboración del informe en el marco de la negociación plurianual de la Universidad, opción descartada al no poder «asignarse sin más» la elaboración de un documento «que podría licitarse fuera».

Incluso se planteó que la Cámara de Comercio pudiera hacer una «cierta aportación» al respecto, pero ha asegurado que «a la hora de definir posibles colaboraciones también hay dificultades jurídicas».

«Quedaría el camino de volver a licitar la ejecución del informe, pero también tiene sus matices y habría que trabajarlo», ha añadido Ayerdi, que ha abogado por «definir una hoja de ruta en este primer trimestre» para disponer del informe «lo antes posible» y poder «acometer el proceso participativo».

Así pues, ha apostado por incluir dentro de dicho plan de financiación plurianual «la realización de un congreso sobre la materia por parte de expertos, como vía para generar un documento resumen de ponencias que analice el espectro de lo que se pretende».

Ayerdi ha considerado que esto podría servir «como arranque» del proceso participativo previsto tras la realización del informe.

«En la recta final del año han coincidido muchos temas de máxima prioridad y no hemos sido todo lo rápidos en esta materia de lo que quizás hubiera podido ser deseable», ha reconocido.

Por su parte, Araiz ha urgido al Gobierno a que «aborde definitivamente la ejecución del informe», pues la creación de una banca pública «no es una opción extravagante».