Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas el responsable del subsector de intervención social de LAB, Unai García, quien ha criticado que el citado servicio se subcontrate a una empresa, la Fundación Xilema, en la que algunas de sus categorías profesionales «roza el límite de la pobreza».

La concentración ha estado presidida por una pancarta con el lema, en euskara y castellano, «por un servicio de atención a las víctimas de violencia machista de calidad, no a la precariedad».

El servicio, como ha denunciado García, está «sustentado en la precariedad laboral de mujeres», un hecho que ha calificado como «inaceptable».

García ha explicado que en marzo de 2016, en vista de que se iba a convocar el concurso público para 2017, se mantuvo una reunión con el INAI a fin de «explicar la problemática» existente en el servicio.

«Esperábamos que esa reunión se tradujera en las condiciones técnicas del pliego que iba a salir a licitar este año», ha comentado para agregar que cuando el concurso ha salido «lo único que ha hecho la Administración ha sido aumentar las plazas» para usuarias del servicio.

De forma que, en febrero de este curso, el sindicato trasladó al INAI su «enfado» y algunas de sus demandas como paralizar la licitación e incluir en las condiciones técnicas la contratación de cuatro educadoras más, aumento de la jornada de la psicóloga, una educadora infantil y una administrativa a media jornada.

Otra petición fue la adquisición del «compromiso» de la entidad, en el primer año, para denunciar el vencimiento del contrato y durante este curso crear una comisión en la que participasen agentes sociales y sindicales, donde elaborar un proyecto «en condiciones».

Para García, ha quedado «claro que durante todos estos últimos años de subcontratación administrativa este servicio se ha dejado de lado».

Además, ha precisado que el pasado viernes tuvieron conocimiento de que «seguramente» la Fundación Xilema, que ha gestionado el servicio los últimos ocho años, «se vuelva a llevar el concurso».

No obstante, ha mostrado su «disposición» para trabajar de manera «conjunta» con el INAI con el fin de «crear un servicio que es necesario en Navarra» y «que debería de tener condiciones dignas de trabajo».

«Esperamos que la Administración atienda nuestras demandas», ha subrayado para añadir que «si no fuera así», hablarán con diferentes agentes sociales con el objetivo de movilizarse y seguir «denunciando» la situación.

En la actualidad, el servicio de atención a víctimas de violencia de género cuenta con nueve trabajadores.