En un principio, el paro finalizaba el 31 de julio, pero en una asamblea celebrada el miércoles estas empleadas se pronunciaron a favor de extender la huelga, «como mínimo», al mes agosto, según han informado en conferencia de prensa.

En dicho acto informativo, una de las portavoces del colectivo, Yolanda Montero, ha leído un comunicado en el que se explica dicha decisión ante el «absoluto bloqueo» impuesto por las tres patronales del sector (Gesca, Elbe y Lares), con las que no se reúnen desde el pasado mes de febrero.

Critican también que dichas patronales «están haciendo de los servicios mínimos su herramienta para 'solucionar' el conflicto».

En la nota también se acusa al diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, de «cinismo e hipocresía» por presentar recientemente un estudio, según el cual este territorio es un buen lugar para envejecer, y sin embargo «da cobertura a las precarias condiciones laborales» de estas trabajadoras que prestan un servicio público de su competencia a personas mayores.

«En lugar de intentar arreglar el conflicto, intenta desactivarlo e invisivilizarlo», según reprochan a Rementeria, a quien recuerdan que el dinero que se paga a las empresas es «público».

Las trabajadoras consideran que esta actitud se debe a que la Diputación de Bizkaia apuesta por un modelo de servicio público privatizado «para que unos pocos hagan negocio a costa de las condiciones laborales de los trabajadores y de la calidad asistencial».

En el mismo acto, otra de las portavoces, Esther Saavedra, ha informado de que tras la crítica realizada a la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, por rehusar reunirse con ellas por tener la agenda ocupada, han recibido esta mañana una llamada de teléfono de dicho organismo en la que les instaba a poner un fecha, aún sin concretar, para ese encuentro.