Las conclusiones del estudio, realizado sobre una muestra formada por 17 de los 54 centros existentes en el herrialde, ha sido presentadas en rueda de prensa por el director general del Observatorio, Patxi Tuñón, y la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, Paz Fernández.

Su objeto ha sido evaluar la política de apoyo del Gobierno de Nafarroa y profundizar en líneas de mejora con más de 500 encuestas a personas usuarias, familias y personal técnico de estos centros y del departamento de Derechos Sociales.

En el herrialde existen 54 centros de las distintas tipologías que atienden a cerca de tres mil personas. De ellos 27 son ocupacionales, con 1.332 personas, 16 centros especiales de empleo, con 1.482 usuarios y 11 centros de inserción sociolaboral, ahora llamados empresas de inserción sociolaboral, con 166 personas.

En líneas generales, según ha detallado Tuñón, el estudio constata la calidad de los servicios prestados y califica el grado de satisfacción de la personas usuarias y su familias con un «notable».

Para los familiares, el nivel general de satisfacción es de 4,05 puntos sobre 5, más alto si sus familiares están en centros ocupacionales y más bajo si acuden a empresas de inserción. Destacan la atención y el trato que recibe su personal (4,29) y la preparación del personal de apoyo (4,7).

Entre los usuarios, el grado de satisfacción es de 3,85 puntos sobre 5 y es mayor entre las personas con discapacidad intelectual (4,31) y muy similar entre quienes tienen problemas de integración sociolaboral y personas con enfermedad mental. Valoran sobre todo el funcionamiento del centro y los servicios, peor los servicios de transporte y comedor y las actividades lúdicas y de tiempo libre.

En cuanto al personal que trabaja en los centros, su satisfacción es buena, 3,89 sobre 5, más alta en centros ocupacionales y más baja en centros de inserción. Destacan la influencia en la calidad de vida y la autonomía de las personas usuarias, así como las instalaciones.

Los aspectos menos valorados son el nivel retributivo y el número de trabajadores de apoyo. Entre estos figuran también las ayudas públicas recibidas por el centro, lo que, en opinión de Tuñón, constata que existe un desconocimiento del papel de la Administración.

Según los datos aportados, las subvenciones del Gobierno navarro alcanzan para los centros especiales, el 50 o el 75 % del smi, según el grado de discapacidad de las personas usuarias, y del 75 al 100 % de las cuotas a la Seguridad Social en empresas de inserción, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. También han precisado que hay ayudas para el personal técnico de apoyo y este año se han recuperado ayudas a la inversión.

El estudio ha detectado un cambio de perfil de las personas usuarias, ya que mientras hace seis años había un factor de exclusión social, derivado del consumo de drogas, delitos o violencia de género, ahora predominar las personas en grave situación económica, derivada de la crisis.

Aunque los resultados son «buenos», todavía «queda un largo camino por recorrer», según Tuñón, quien ha reconocido que esto es un estímulo para seguir avanzado.

En esta línea, han comentado que se van a tener en cuenta recomendaciones extraídas del estudio. Así se va realizar un mayor seguimiento de las medidas alternativas a la cuota de reserva que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a reservar el 2 % a personas con discapacidad. El Gobierno tiene previsto también modificar la convocatoria de «empleo con apoyo».

En cuanto a los centros, se recomienda diversificar las líneas de producción y se plantea un mayor seguimiento de las personas que agotan su paso en estas empresas de inserción o mejorar servicios como el transporte.