Los doce magistrados que conforman el pleno del Constitucional español, en una reunión que ha durado poco más de una hora, han acordado por unanimidad rechazar el recurso de súplica presentado por el Govern para que se retirara la suspensión de la reforma del Parlament, ya que el Ejecutivo de Carles Puigdemont entendía que se había producido un «abuso de derecho» en la impugnación que realizó el Gobierno español a esa reforma.

La Generalitat argumentaba en su recurso que es «un abuso del derecho que el Constitucional suspender una ley que opera en otros parlamentos autonómicos, pero que en el caso catalán está siendo interpretada y juzgada con la intención de frenar el referéndum».

Sin embargo, el TC no debía resolver hoy por el fondo de la cuestión, es decir, sobre si la reforma del Parlament es constitucional o no, sino sobre la petición de levantar la suspensión de la reforma del Reglamento, lo cual ha sido desestimado.

La citada suspensión fue decretada por el TC el pasado 31 de julio al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La citada reforma fue aprobada el día 26 de ese mes por la Cámara catalana con los votos de JxSí y la CUP y que incluía la modificación de una veintena de artículos del reglamento, incluido el que habilitaba al Parlament a reiniciar sus actividades el 16 de agosto –hasta ahora se volvía de vacaciones el 1 de setiembre–. Pero fue la reforma del artículo 135 la que concentró toda la atención, ya que era la que habilitaba a un grupo parlamentario a tramitar una proposición de ley mediante lectura única, es decir por la vía rápida.

Se trata de algo que ya se puede hacer, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, pero que en Catalunya hasta ahora solo puede hacer el Govern con sus proposiciones de ley, o en el supuesto en que una proposición cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

La reforma permitiría a la mayoría independentista aprobar la Ley del Referéndum y la de la Transitoriedad Jurídica por el procedimiento acelerado, con el objetivo de limitar la capacidad del Estado español de paralizar la tramitación.