Decir que el artículo 155 de la Constitución es un territorio desconocido no es una mera licencia literaria. Es real. Nunca se ha aplicado este punto de la Carta Magna que ninguna Ley orgánica ha regulado –han tenido 40 años para hacerlo–. La única vez que un Consejo de Ministros envió un requerimiento como el enviado por Mariano Rajoy estos días a la Generalitat fue hace casi tres décadas y la víctima no fue un dirigente independentista, sino Lorenzo Olarte, presidente de las Islas Canarias.

Como contexto, la entrada del Estado español en la Comunidad Europea, por la cual el 1 de enero de 1989 debía entrar en vigor el llamado «desarme arancelario», o lo que es lo mismo, aplicar unos impuestos reducidos a los productos comunitarios.

Los hechos se precipitaron el 27 de diciembre de 1988, cuando Lorenzo Olarte, otrora consejero del presidente Suárez y miembro destacado de UCD, asumió la presidencia del Gobierno canario y, en su discurso de investidura, anunció su negativa a aplicar en las islas la rebaja fiscal a los productos europeos, tal y como ordenaba el Tratado de Adhesión firmado por el Gobierno central de Felipe González. Al día siguiente, Olarte llamó por teléfono al entonces ministro de Economía, Carlos Solchaga, pero este ni siquiera se puso al teléfono. No es nueva, por tanto, la negativa de Madrid a atender las vías de diálogo con lo que considera sus periferias.

La amenaza de Borrell

Todo se precipitó a partir del 1 de enero de 1989, cuando Olarte hizo efectivo su anuncio y no aplicó el desarme arancelario en las Canarias. Entonces se escuchó por primera vez en el Estado la amenaza explícita de 155 y suspender las competencias de una comunidad autónoma. Semejante honor recayó sobre el ministro de Hacienda, el catalán Josep Borrell, convertido ahora en uno de los principales estandartes de las campañas contra el independentismo catalán.

En el siguiente Consejo de Ministros, el Ejecutivo encabezado por González acordó enviar un requerimiento al Gobierno canario, que es lo mismo que ha hecho Rajoy hasta ahora con Puigdemont. Supone el primer paso para aplicar el artículo 155. Las diferencias, sin embargo, son abismales, y no solo en el contexto, también en la forma de la amenaza. El Gobierno del PSOE tenía intención de acudir al Tribunal Constitucional antes de dar más pasos, en busca de un aval superior a tan drástica medida. De igual forma, ni Moncloa ni Olarte hicieron pública la puesta en marcha de los procedimientos para suspender la autonomía canaria. La parte española lo hizo por no dar voz a una medida impopular; y la parte canaria, según confesión posterior de Olarte, para evitar que los miembros del propio Gobierno isleño entrasen en pánico de manera que fuesen los suyos los que le obligasen a ceder.

Bregado en la política palaciega de Madrid, Olarte apostó por mantener el pulso, haciéndose famoso por aquel entonces por frases como «Madrid se va a enterar de lo que vale un peine», o sugiriendo que a las Canarias les iría mejor constituyéndose en un Estado Libre Asociado a España.

El propio Olarte, a favor del 155 en Catalunya

A Olarte le salió relativamente bien el órdago, al lograr que Borrell y Solchaga, que en diciembre ni siquiera le contestaban el teléfono, se sentaran a negociar con su gobierno ciertas concesiones para el caso canario, tras lo cual quedó desactivada la amenaza del 155. En el actual caso catalán, sin embargo, Olarte –que se define como nacionalista canario no independentista– ha sido un férreo defensor de la aplicación del artículo constitucional. «Da la impresión de que el 155, tan útil para este supuesto secesionista, es un estorbo para don Mariano, cuando en realidad es el instrumento de mayor eficacia», escribió hace ya dos años.