En respuesta a una pregunta de EH Bildu, Aranburu ha indicado que tras las reformas de UPN, con la que bajaron los ingresos públicos, la aprobada por el actual Gobierno, unidas a la evolución de la economía, ha permitido ingresar en dos años 82 millones de euros más pero ha sido por una mayor presión a partir de rentas de 32.000 euros.

El consejero ha añadido, en este caso a preguntas de I-E, que ahora la nueva reforma fiscal remitida al Parlamento para entrar en vigor en 2018 «no tiene intención recaudatoria», sino que busca mejorar la progresividad y la lucha contra el fraude fiscal.

Para ello se ha decidido, entre otras medidas, modificar el tratamiento fiscal a los planes de pensiones como ya hizo el Estado, discriminar en positivo la contratación de mujeres o fomentar los beneficios fiscales que «más interés tienen» para las empresas en el Impuesto de Sociedades, el «más generoso de toda España».

Por EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que la reforma de 2015 ha perjudicado a rentas familiares por encima de los 45.000 euros, y que las bases liquidables superiores a 30.000 han sido las que han aportado más del 90 % del incremento de recaudación.

«Es radicalmente falso que a las bases liquidables inferiores a 30.000 euros se les haya subido la presión fiscal de forma desmedida», ha subrayado, y defendido que «los impuestos son el precio de la civilización en la que estamos para financiar las políticas necesarias».

«Teníamos el peor sistema fiscal de España en términos de equidad y ahora vamos bien», ha dicho por su parte el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, quien ha asegurado que a su coalición le hubiera gustado una mayor intensidad en la reforma.

Ha calificado además de «falso» que la reforma fiscal pasada y la planteada para 2018 perjudiquen a las rentas bajas, pero sí que proporcionan «mayor equidad y justicias sociales» en los impuestos de las personas físicas y en los de las grandes empresas y las rentas de capital para financiar servicios públicos.