Parece raro que una amplia gama de la clase política y los analistas profesionales que se consideran guardianes y defensores de eso que llaman democracia están casi elogiando, o por lo menos dando la bienvenida, a los militares en el gobierno para imponer «orden y progreso», y controlar lo que sabe la opinión pública de lo que hacen en su nombre.

Encabezados ahora por el recién instalado ex general de marines John Kelly como jefe del gabinete, quien se une al ex general HR McMaster, asesor de Seguridad Nacional, y al general John Mattis, secretario de Defensa, este triunvirato militar tiene la tarea de rescatar a la Casa Blanca del «caos» generado por la ineptitud y aparentes problemas mentales del comandante en jefe.

La disputa interna dentro de la Casa Blanca entre los defensores de lo que algunos llaman el «estado profundo» (o sea, la jerarquía burocrática permanente, sobre todo en el ámbito de seguridad nacional) y las fuerzas que llevaron a Trump al poder (populistas nacionalistas, etcétera) ha estado a la vista desde la elección (vale recordar el apoyo explícito y público de figuras destacadas del sector de inteligencia, de política exterior y de Wall Street para Hillary Clinton y sus denuncias públicas de Trump). Ahora, a seis meses de este circo, algunos señalan que los que están tomando las riendas reales del poder en Washington son los militares junto con los Goldman boys (los jefes del gabinete económico que provienen de Goldman Sachs).

Brian Beutler, del “New Republic”, comentó la semana pasada que «sería sensacionalizar las cosas llamar esto un golpe (militar) suave, pero es imposible negar que los poderes presidenciales reales han sido diluidos o usurpados. Funcionarios electos han decidido que dejar el funcionamiento del gobierno a oficiales militares no electos es preferible a invocar remedios constitucionales que los obligara a votar».

Con la soga aparentemente ajustándose al cuello de la familia Trump por las investigaciones cada vez más avanzadas del fiscal especial Robert Mueller, algunos especulan que el nivel de alarma dentro de la Casa Blanca ha llegado a tal punto que ahora sí hay mayor disposición del presidente y su gente de someterse a lo que el “New York Times” llamó la «disciplina militar» que Kelly está buscando imponer en la Casa Blanca.

Pero todo lo que se sabe de posible colusión con los rusos, maniobras corruptas de negocios de la familia Trump y sus socios, las mentiras, engaños, encubrimientos y abusos de autoridad, entre otras cosas, ha sido a través de los periodistas y sus fuentes dentro del gobierno; con ello cumpliendo su misión de hacer que el poder rinda cuentas a la sociedad. Ahora, la respuesta de los que están en el poder es, como siempre, atacar a los mensajeros. Desde el inicio del fenómeno Trump, los periodistas han sido declarados el «enemigo», y todo lo que cuestiona o contradice la versión oficial es declarada una y otra vez como fake news (noticias falsas). Ahora hay nuevas órdenes de persecución de los periodistas y sus fuentes.

El procurador general, Jeff Sessions, dijo hace dos semanas que el Departamento de Justicia lleva a cabo tres veces más investigaciones sobre filtraciones de información oficial que su antecesor y amenazó con modificar las normas para facilitar a los fiscales emitir órdenes para obligar a los periodistas a declarar y entregar documentos en estas investigaciones. «Después de años de filtraciones en Washington, es maravilloso ver al procurador general entrar en acción. Por la Seguridad Nacional, lo más duro, mejor», tuiteó Trump tras el anuncio.

Defensores de la libertad de expresión denunciaron el anuncio y declararon que esto tendría un efecto nocivo sobre la libertad de prensa. «El periodismo independiente en el interés público depende de la habilidad de los reporteros de comunicarse en privado con las fuentes», afirmó Alex Ellerbech del Comité de Protección para los Periodistas (CPJ).

«No es la publicación de estos secretos lo que amenaza la seguridad nacional. Publicar estos secretos amenaza a los guardianes de estos secretos, pero protege al interés nacional al informarnos lo que hacen los poderosos cuando piensan que nadie los está viendo», declaró Paul Steiger, ex editor del “Wall Street Journal” .

No por nada se anunció la creación de un nuevo proyecto cooperativo para documentar las violaciones contra la libertad de prensa en Estados Unidos. Participan unas 20 organizaciones, incluidas Freedom of the Press Foundation, CPJ, Reporteros sin Fronteras o PEN America, entre otros. Por ahora, el US Press Freedom Tracker reporta que en lo que va de 2017 han sido arrestados 19 periodistas, hubo 11 ataques físicos contra reporteros y cuatro han sido frenados en la frontera.