Se identifican como trabajadores de Telefónica cuando acuden a reparar una avería a un domicilio o a una empresa, o a hacer una instalación de fibra óptica, pero en realidad son «falsos autónomos». Lo explican mientras reparten información en la acampada montada en el Boulevard de Donostia: «Telefónica subcontrata los servicios que nosotros realizamos a una empresa, que tiene el mínimo de trabajadores que le exige la ley, motivo por el que ese trabajo se vuelve a subcontratar a otras empresas (Elecnor, Comfica, Abentel, Cotronic…), para las cuales trabajamos nosotros, unos pocos en nómina y la mayoría como autónomos».

Pese a que no están organizados, han conseguido unirse para denunciar las precarias condiciones en las que se ven obligados a realizar su labor, sobre todo tras la última rebaja del 25% en los precios o baremos de facturación que la multinacional paga a sus subcontratas –«aprovechándose de la situación de crisis existente», denuncian–, mientras ellos deben seguir haciendo frente a todos los gastos que genera su actividad.

«Antes podías facturar 3.500 euros al mes y, tras quitarle los gastos de seguridad social, impuestos, gestoría, alquiler del vehículo, herramienta, gasolina y dietas, podías llevarte a casa 1.200 euros. Ahora, sin embargo –añaden– la rebaja de los baremos hace que nuestra facturación haya caído hasta unos 2.000 euros, por lo que si le quitas todos los gastos, pierdes dinero por ir a trabajar».

En definitiva, este colectivo constituye el último eslabón de la cadena de subcontratación de Movistar, en la que las subcontratas trasladan los recortes de Movistar a los niveles inferiores de la cadena, siendo los autónomos –unos 500 en Euskal Herria, 15.000 en todo el Estado– quienes acaban asumiendo de forma directa esa reducción.

Pero al margen de los autónomos, también se están viendo afectados los trabajadores en plantilla de dichas subcontratas. Aunque el cambio en los baremos no les influye, sí están apreciando una progresiva precarización de sus condiciones laborales, debido a que no se les aplican los convenios provinciales y porque la amenaza de despido es constante. «Si reclamamos mejores condiciones, enseguida nos amenazan con despedirnos, lo que demuestra que en el fondo lo que quieren es que nos hagamos autónomos», explican.

Todo esto sucede mientras la multinacional –de la que eran consejeros Rodrigo Rato o Iñaki Urdangarin– declaraba unos beneficios de 3.000 millones de euros en 2014, y su presidente, César Alierta, «se subía el sueldo un 16%, hasta los 6,7 millones de euros». En este sentido, denuncian que Alierta «ha sido el principal impulsor de la privatización de Telefónica, compañía que ha pasado en pocos años de 90.000 a 25.000 trabajadores a través de prejubilaciones, y cuya labor ha sido subcontratada a otras empresas a menor coste».

Unidos pese a las dificultades

Para denunciar todos estos hechos, protagonizan una huelga indefinida que mañana cumplirá veinte días. «Telefónica ha conseguido una cosa que no lo había hecho nunca: unir a todos los autónomos del Estado para que se declaren en huelga indefinida», señalan los trabajadores, que nunca han estado organizados, por lo que las dificultades para preparar una campaña de este tipo han sido mayores que en otros colectivos.

Reconocen que su protesta puede causar afecciones a los clientes, pero subrayan que «es la única vía que nos dejan». Además, recuerdan que los primeros afectados son ellos mismos, ya que mientras se prolongue la huelga no tendrán ningún tipo de ingreso, por lo que han decidido crear un fondo de resistencia para poder hacer frente a los gastos mensuales de sus familias.

De momento, el paro parece que se va a prolongar en el tiempo, ya que en las asambleas realizadas «ha quedado claro que queremos seguir adelante». Las discusiones se están llevando a cabo en Madrid, donde se ha creado un comité de huelga, con un representante de cada provincia. Sin embargo, denuncian que Telefónica pretende limitar las negociaciones al ámbito de los trabajadores en nómina, representados por CCOO y UGT, por lo que «difícilmente podrán llegar a acuerdos satisfactorios para nosotros».

Sus reclamaciones son claras. «Que se eche atrás el último contrato y se vuelva, por lo menos, al de 2008, que contemplaba mejores condiciones que las actuales, y que los autónomos tengan los mismos derechos y cobren lo mismo que los que están en nómina, ya que hacen el mismo trabajo». Hasta no lograr esas reclamaciones, se muestran convencidos de que seguirán con la huelga.