Ramón SOLA
DONOSTIA
NUEVAS REVELACIONES SOBRE EL CASO JUDICIALIZADO

La UTE le hizo la cuenta de la AP1 a Bidegi y avisó: «Hemos cargado más los túneles»

La polémica liquidación de la AP1 investigada por los tribunales no fue preparada por la dirección de obra, sino por las propias constructoras. Un responsable de Ferrovial avisó al director técnico de Bidegi, doblemente imputado: «Al final hemos cargado más los túneles, es donde más presupuesto hay». Lo desvela un libro a punto de salir a la calle.

La instrucción judicial de los escándalos de la AP1 se ha ralentizado tras el cambio de abogado de los imputados, ahora arropados por la Diputación de Gipuzkoa, pero las revelaciones no cesan. Un libro que está a punto de salir a la calle (‘‘Caso Bidegi, ¿adónde ha ido a parar el dinero?’’) destapa nuevas comunicaciones entre responsables de las constructoras y de la sociedad pública, que incrementan las sospechas de facturaciones millonarias por trabajos falsos.

El análisis pericial encargado por la anterior Diputación, de Bildu, constató que las mediciones de los túneles entre Eskoriatza y Arlaban no se corresponden con la realidad. Por citar un ejemplo representativo, se inyectaron 28.684 metros cúbicos de hormigón, pero se pagaron realmente 48.874.

La liquidación final de la obra se produjo a escasos días de la entrada del Gobierno de Martin Garitano, en junio de 2011. Tres meses antes, un email del que da cuenta este libro del periodista Igor Meltxor ya hace alusión a los túneles. Se lo envía Manuel Aguirre, jefe del grupo de obras de Ferrovial Agroman S.A. (una de las empresas de la UTE Arlaban), a Agustín Zugasti, entonces director técnico de Bidegi y ahora imputado en las dos querellas a trámite en Azpeitia. El constructor señala al responsable público que «al final hemos cargado más los túneles pues es donde más presupuesto hay». Y apostilla: «Las unidades son más apropiadas». Desde la anterior Diputación ya se puso de manifiesto que los túneles eran un lugar inmejorable para ocultar cualquier desviación ilícita; lógicamente, ha habido que hacer catas en sus muros para determinar la cantidad exacta de hormigón o de fibra que se había instalado.

«Verás que hemos tenido que meter algunas unidades nuevas generando precios nuevos –insiste Aguirre a Zugasti–. Por favor, míralo cuando puedas y hazme llegar tus observaciones finales». El libro dice que «apenas cuatro horas después» llega la respuesta del responsable de Bidegi: «Me parece correcto. Por tanto, seguir adelante».

Antes y después

Esta comunicación recuerda notablemente a otras de las que dio cuenta GARA en mayo pasado. Por ejemplo, la trasladada por la UTE Laurena a Bidegi en el otro tramo investigado (Eskoriatza-Arrasate): «Considerando estos presupuestos finales, voy a justificar los precios y mediciones», dice, invirtiendo la lógica del proceso. O la dirigida por un responsable de la constructora Dragados a compañeros a los que explica que se ha hecho una «cuenta tonta» que «nos salió 120 millones de euros, a lo que Agustín [Zugasti] dijo, pues sí, por ahí estaría el tema».

Lo que subyace en todo ello es que eran las constructoras quienes determinaban el precio, tras aparcarse los controles técnicos preceptivos. Igor Meltxor aporta aquí otro dato sustancial: un mensaje de Zugasti a Juan Manuel Vacas, entonces encargado de la dirección de la obra, en el que le dice que «hemos estado con la UTE Arlaban para preparar la liquidación. El proyecto lo van a hacer ellos. Necesitamos la firma de la persona de Euroestudios [la empresa de ingeniería encargada del control técnico] que vaya a firmar. Si eres tú, necesitamos tu firma».

Ya en mayo de 2011, en vísperas por tanto de las elecciones que trajeron el relevo en Diputación, todo el proceso se acelera. Y el libro de Meltxor detalla cómo Aguirre (UTE Arlaban) remite otro email a Zugasti (Bidegi) en el que hace referencia a un «acuerdo final» por el que sube «la cifra de mediciones».

Otra de las aportaciones de este trabajo se refiere a la presunta falsedad documental, investigada en Azpeitia. Se explica en detalle cómo una certificación importante de la disparatada liquidación se remitió el 27 de junio de 2011, pero fue sellada en Bidegi como si se hubiera presentado antes, el 26 de mayo. «Si se examina el documento, además, se puede observar a trasluz que en un inicio se le dio el número de entrada 594 (…) No obstante, fue tapado con Typex y al final se le dio el número 585, al parecer por percatarse de un error que se había cometido en origen. Por ello, puede afirmarse que el original fue sustituido y, además, al parecer se sustrajo u ocultó del registro de Bidegi», concluye el autor del libro.