Maider IANTZI
DONOSTIA
Entrevue
ANDER RODRIGUEZ LEJARZA
EXDIPUTADO DE POLÍTICA SOCIAL DE GIPUZKOA POR EH BILDU

«Reducir la pobreza beneficia a la sociedad en su conjunto»

Nacido en Arrasate en 1982, fue diputado de Política Social de Gipuzkoa por EH Bildu entre 2011 y 2015. Su equipo respondió a los recortes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) del Gobierno de Patxi López aprobando la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI). Considera que la supresión de la prestación por parte de la actual Diputación es «miserable» y el razonamiento utilizado para ello, «infernal».

El exdiputado de Política Social de Gipuzkoa por EH Bildu, Ander Rodríguez, lo tiene claro: «Se ceban en los pobres porque tienen difícil defenderse. Imagínate una familia que se encuentra en una situación administrativa irregular alzando la voz. Al día siguiente irá la Policía a deportarla».

En su opinión, la eliminación por parte del Gobierno de Markel Olano de la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI), que reciben 1.371 familias (según datos del pasado diciembre), es «un ajuste presupuestario que se hace quitándoles el pan a los pobres: necesitan quitar 11 millones de euros de la partida [es lo que se destina al año a las ayudas] y plantean hacerlo así, aprovechando que los pobres participan menos en política. Han llevado a cabo ya diversos recortes. Este es uno más».

Pero no plantean así el debate. «Saben que el discurso de Maroto, el alcalde de Sestao o Le Pen en Francia no conlleva una pérdida de votos; muchas veces, desgraciadamente, ganan apoyos. Por eso recurren a él. Es pura escenificación».

Aclarando conceptos

«Por sus declaraciones se puede entender que están preocupados por su inclusión social [la de los perceptores] y que se las retiran para que se integren, lo cual es un argumento diabólico. Contraponen las rentas mínimas y los mecanismos de inclusión social. Una renta mínima hace frente a una situación de pobreza monetaria y la pobreza monetaria es o puede ser una parte de un fenómeno mucho más amplio, multidimensional, que es la exclusión», aclara.

Recuerda que cuando EH Bildu terminó la legislatura, el pasado junio, dejó pendientes diversos temas planificados para desarrollarlos durante el año. «Cuando dejamos el departamento le pasamos un documento al nuevo Gobierno. Allí se detallaban las acciones. Lees los puntos del plan de la actual Diputación y hablan de reordenación de recursos, de la nueva herramienta de valoración o de un decreto de ayudas económicas vinculadas a procesos de inserción. Estas medidas estaban planificadas para ser desarrolladas hace un año. Y ahora hacen un refrito con ellas y lo contraponen a la respuesta a esa situación de desprotección que generan ellos al retirar la AGI. Es de un cinismo tremendo, porque las medidas no estaban planteadas como alternativa a las rentas mínimas, sino que estaban siendo desarrolladas como herramientas complementarias».

Entrando a rebatir sus argumentos, «a sabiendas de que es todo una puesta en escena», remarca que mucho de lo que dicen tampoco se sostiene en sus propios informes. «Hablan de efecto llamada, pero el número de receptores de estas ayudas está estabilizado desde 2014». También dicen que vienen a recibir la prestación. «Pero en la tabla donde se informa del tiempo de empadronamiento en la CAV de la persona solicitante, se ve que el 11,60% lleva 12 meses, el 60% entre 13 y 18 meses, el 12,2% entre 19 y 24 meses y el 15,21% 25-35 meses. Si fuera cierta su afirmación, prácticamente el 100% de las solicitudes estaría en el tramo de 12 meses de empadronamiento».

El exdiputado aclara, asimismo, que la AGI es, en todo caso, para sobrevivir, ya que es difícil tener un proyecto vital con las cuantías que están por debajo de los umbrales de la pobreza (reciben 706,6 euros de media).

Palabras de Maite Peña

Sobre la entrevista que dio la diputada de Política Social, Maite Peña, el domingo 17, Rodríguez considera que es, desde la primera línea hasta la última, «un esperpento. Según su razonamiento, no puedes garantizar derechos puesto que como en sus países de origen no tienen esos derechos se emigra más. Esta lógica aplicada a otros ámbitos consistiría en lo siguiente: no reconoceremos igualdad de derechos a las mujeres porque en otros países no está garantizada y emigrarán en masa».

Otro argumento que se da es la falta de homogeneidad: es una ayuda que solo existe en Gipuzkoa. «¿Ese razonamiento también lo vas a aplicar a las prestaciones de dependencia? No, porque afectan a todas las clases sociales y estas votan».

Guerra entre pobres

Durante la crisis económica, Rodríguez ve que hay un momento en el que «desde la casta se dirigen a las clases populares para que se enfrenten entre ellas. Les dicen: no mires arriba, porque allí no está el problema. Es el que está por debajo de ti el que está cuestionando tu posición, lo cual es una falacia. Pero es sencillo que cale, porque le pones rostro. Es más complicado explicarle a una persona por qué se ha precarizado su situación, y no es precisamente por el que está debajo, sino por el que está por encima».

«Lo que organizan es una guerra entre pobres. Que se mantengan entretenidos mientras que las clases privilegiadas mejoran su posición. Y de esa escuela de pensamiento es también la Diputación de Gipuzkoa. Un día dice que va a reducir la presión fiscal sobre los ricos y al día siguiente dice que va a suprimir una ayuda dirigida a reducir los umbrales de pobreza. Y te dicen que tu problema no es la reducción fiscal a los ricos, sino las personas que están por debajo de ti y tienen derecho a pan, y que ellos se lo van a quitar por el buen uso de los fondos públicos. Es atroz».

Indica que en Europa se abren esos discursos de responsabilizar al que está por debajo de ti de la situación en que estás viviendo. Ojo, no es el inmigrante rico, es el pobre contra el que se pretende que generes esa identidad diferente. Unámonos frente al que viene de fuera para empeorar tu posición, cuando el responsable está aquí».

La política redistributiva

La coalición abertzale entró en la Diputación en un contexto socioeconómico de crisis, de caída de la recaudación brutal, y priorizó «las políticas vinculadas con las necesidades de las personas», entre otras cosas, aprobando la AGI o complementando las prestaciones de dependencia con fondos propios para no perjudicar a las familias con una persona en una situación de dependencia.

«También luchamos mucho por unas condiciones laborales dignas dentro del amplísimo sector subcontratado de mujeres cuidadoras del territorio. Reducimos a la mitad el beneficio que sacan las empresas de la explotación de los servicios y lo revertimos en las trabajadoras. Esta medida, junto a otras dos (la inspección de las sociedades profesionales y el impuesto sobre la riqueza), fue la que encendió la oposición contra el Gobierno foral de Bildu. Es cuando haces una política redistributiva cuando el sistema salta y se inician campañas agresivas para desalojarte del poder».

Cree que si se consiguiera activar un gran movimiento social, sería posible doblegar al Gobierno, «pero no es sencillo. Hay que lograr que se sientan incómodos por lo que están haciendo: privatización de Kutxabank, desahucios…».

«Antes la pobreza era un problema social; ahora, por el contrario, se culpabiliza al pobre de su situación. Pero es un problema colectivo. El gasto de la RGI ha ayudado a mantener 26.000 empleos en la CAV. El empleo de la panadería o de la pescadería de la esquina. Y la AGI está ayudando a mantener más de medio millar de empleos en Gipuzkoa. Más allá de que la sociedad no debería tolerar la pobreza, su reducción beneficia al conjunto», señala.