Si no hay cambios de última hora, nunca descartables en los altos despachos de Bruselas, la Comisión Europea anunciará hoy qué multa propone para los estados español y portugués por incumplir el objetivo de déficit fijado por la UE para el año 2015. Una sanción que el Gobierno español lleva meses insistiendo en que será una «multa cero», aunque en Bruselas hay quien insiste en una sanción aunque sea simbólica, que se situaría en torno al 0,2% del PIB del Estado español, es decir, en unos 2.000 millones de euros. Sin embargo, sea cual sea la decisión final sobre la multa, el castigo vendrá también por otras vías, bien a través de la suspensión de fondos estructurales de la UE, bien a través de un mayor control e intervención de Bruselas en las cuentas de Madrid y Lisboa.

Por partes. Después de congelar el proceso sancionador debido a las elecciones del 26J (algo que favoreció al PP, que hizo campaña prometiendo bajar los impuestos mientras, por carta, prometía a la Comisión nuevos recortes), el pasado 12 de julio los ministros de Finanzas de la Eurozona activaron el proceso formal al considerar que las políticas para reducir el déficit estuvieron «significativamente por debajo de lo recomendado». Concretamente, el Estado español tuvo en 2015 un 5,16% de déficit, es decir, gastó 10.000 millones de euros más de lo que le reclamaba Bruselas para alcanzar el objetivo de déficit, fijado en el 4,2%.

Para calmar los ánimos, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, anunció el mismo 12 de julio una modificación en el cobro del Impuesto de Sociedades, con el objetivo de recaudar hasta 6.000 millones de euros este mismo año. Cifra a la que, según Madrid, hay que sumar 2.500 millones que vendrán de la lucha contra el fraude y el menor pago de intereses por la deuda, además de otros 2.000 millones que esperan rascar a través del prematuro cierre del ejercicio presupuestario de este año. En efecto, el pasado fin de semana, sin aviso previo y a través del BOE, el Gobierno en funciones decidió que de aquí a final de año no gastará nada más allá del salario de los funcionarios.

Además de enviar señales a Bruselas, se trata de ajustar el déficit de 2016, que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, podría desviarse hasta el 4,1% o el 4,6% (cuando el objetivo impuesto por Bruselas es del 3,6%).

Multa y senda fiscal

Según fuentes de la propia Comisión citadas por varios medios, el Ejecutivo europeo podría aprovechar la sesión de hoy para anunciar la nueva senda fiscal para llegar a un déficit por debajo del 3%, lo que podría pasar por relajar algo los objetivos de los dos próximos años (3,9% en 2016 y 3,1% en 2017). De hecho, la leve relajación de los objetivos fiscales genera más consenso entre los comisarios europeos que la decisión sobre la multa. Sin ir más lejos, según apuntaban ayer las agencias, el responsable de elaborar la propuesta que se conocerá hoy, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el francés Pierre Moscovici, es partidario de la multa cero, mientras que el que debe darle el visto bueno en primer término, el vicepresidente del Euro, Valdis Dombrovskis, es más favorable a la línea dura. Pese a que De Guindos insistía esta misma semana en que «el sentido común dice que no va a haber multa», la incógnita permanece abierta.

En cualquier caso, más allá de la decisión definitiva sobre la multa, así como de la senda fiscal mencionada, parece existir el consenso de que algo hay que hacer para que los dos estados del sur de Europa no queden impunes por incumplir el objetivo. El castigo puede ir en dos direcciones. En primer lugar, puede desembocar en la suspensión de los fondos estructurales de la UE destinados al Estado español y Portugal en 2017, decisión que, después de la intervención del Parlamento Europeo, no se tomará hasta pasado el verano pero que podría significar, según las agencias, la suspensión del 50% de las ayudas, es decir, unos 1.000 millones de euros (ver la información anexa).

En segundo lugar, el castigo pasará por un mayor control de las cuentas españolas y portuguesas por parte de las instituciones europeas, que podrían exigirle a Madrid nuevos recortes por valor de entre 8.000 y 10.000 millones de euros. Además, según fuentes comunitarias citadas por varios medios esta semana, funcionarios europeos revisarán cada tres meses el desempeño presupuestario de ambos estados. Es decir, los hombres de negro seguirán visitando el Estado español.